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El presidente De la Espriella tiene ante sí una oportunidad histórica: convertir una tragedia nacional en un gran proyecto de reconstrucción, desarrollo y esperanza. El terremoto, ocurrido al día siguiente de su posesión, concentró al gobierno en atender a las víctimas y recuperar las zonas afectadas. Por su magnitud y significado social, la vivienda es protagonista de esta tarea.
Con visión de Estado, puso al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, al frente de la coordinación de la reconstrucción, acompañado por toda la institucionalidad y por el liderazgo de la primera dama en la atención humanitaria. El Ministerio venía preparando la reactivación de la construcción de vivienda como instrumento de desarrollo y equidad. Ahora ese propósito se amplía. El Plan Milagro de Reconstrucción contempla tres fases, de las cuales deberán desprenderse subfases y proyectos concretos. La magnitud es enorme: los daños se estiman en cerca de $30 billones. Lo atinente a vivienda puede costar mucho menos al eliminar aranceles y adoptar medidas complementarias.
Pero reconstruir no puede significar simplemente volver a construir lo que había. Esta tragedia debe ser la oportunidad para construir mejor: viviendas seguras y sismorresistentes, eficiencia energética y ahorro de agua, materiales y sistemas sostenibles, infraestructura resiliente, mejor espacio público y renovación urbana. Comunidades y territorios deben ser el centro de una reconstrucción ambiental, social y económica.
La emergencia también permite revisar, cuando jurídicamente corresponda, los instrumentos de ordenamiento territorial para habilitar suelo adecuado, respetando la autonomía municipal y garantizando infraestructura, servicios públicos y calidad urbana. Colombia tiene experiencias que enseñan. El Forec, después del terremoto del Eje Cafetero, demostró el valor de una gerencia eficiente. Gramalote y San Andrés dejan otras lecciones. También existen experiencias donde la premura produjo decisiones urbanísticas cuestionables. La reconstrucción exige velocidad, pero nunca a costa del rigor.
Aquí debe aplicarse una regla sencilla: todos ponen. Gobierno nacional y gobiernos territoriales alineados; sector privado, gremios, instituciones técnicas, cajas de compensación, banca, organismos multilaterales y cooperación internacional. El Fondo Milagro, la Emergencia Económica, las regalías, las obras por impuestos y otros instrumentos pueden complementar los recursos públicos. Empresas y ciudadanos ya demuestran la solidaridad de Colombia.
La transparencia debe ser absoluta: recursos administrados con controles rigurosos y, donde corresponda, mediante fiducias; información pública y rendición permanente de cuentas. La reconstrucción no puede ser asistencialismo: debe dejar ciudades mejores, comunidades fortalecidas y una economía reactivada.
Esta experiencia debe trascender la emergencia. La política de vivienda nueva también necesita financiación, menores costos, acuerdos para reducir tasas de interés y recursos suficientes para subsidios. La construcción sostenible debe consolidarse como política de Estado.
Si se actúa con unidad, gerencia, transparencia y visión de futuro, el terremoto no será recordado solamente por la destrucción que dejó, sino por la capacidad de Colombia para levantarse y reconstruir mejor. Esa puede ser la gran tarea de este gobierno: transformar el dolor en esperanza y la tragedia en una oportunidad para construir un país más seguro, sostenible y justo.
En el 2022 argumenté que Gustavo Petro iba a resultar lo PEOR que había visto Colombia en su historia. No me equivoqué
En pesos corrientes, el gobierno consume (16,5% del PIB en el trimestre) más de lo que el país invierte (15,5% del PIB en inversión fija)