En ocasiones los gobiernos toman medidas buscando mejorar la actividad empresarial y por ende su impacto económico y social; como la conservación y generación de empleo; pero, por falta de coordinación institucional o por presión de intereses particulares no alineados con los generales, se toman medidas y supuestos remedios que resultan peores que la enfermedad.
Veamos algunos casos de incoherencia en las decisiones e indecisiones gubernamentales.
La industria de la construcción es altamente dependiente de insumos básicos como el acero de refuerzo y el cemento. En relación al primero, nuestro país demanda algo más de 1,9 millones de toneladas de aceros largos al año y la industria siderúrgica nacional solo produce 1,2 millones de toneladas.
El gobierno buscando defender la fabricación de productos siderúrgicos, conformados por el alambrón, los ángulos metálicos y las varillas de acero principalmente, ha iniciado trámite para salvaguardia, con lo que de efectuarla, podría afectar negativamente el mercado de estos insumos. La salvaguardia limitaría la importación de productos hoy deficitarios, lo que puede incluso subir los precios.
Particularmente en el caso del alambrón, al ser producido en el país exclusivamente por Acerías Paz del Rio, puede afectar la industria trefiladora que depende directamente de éste como materia prima para mallas, alambres y puntillas.
Con relación al cemento, la Superintendencia de Industria y Comercio ha venido estudiando: ¿Por qué el precio del mismo en Colombia es uno de los más altos de la región? ¿Por qué el cemento producido en el país, se exporta a menor precio del que se vende localmente? Aquí la medida no debe ser controlar precios, sino castigar si hay irregularidades y propiciar más competencia.
Se acaba de expedir el Decreto nacional 834 de 2013 en materia migratoria, que cambia la posibilidad de trabajo para nacionales en favor de los extranjeros. Particularmente, afecta de forma directa a los profesionales y técnicos colombianos en la industria petrolera.
Paralelamente, las injustificadas demoras en el trámite de las licencias ambientales y el engorroso procedimiento de las consultas previas a las comunidades, han logrado frenar la industria minera y la construcción de infraestructura de transporte. El apetito de inversión extranjera se enfría por tanto trámite, tanto paro y, por la falta de coordinación gubernamental.
En temas municipales, también se cuecen habas. La nueva visión de ciudad planteada por el Alcalde Petro, positivamente hizo reflexionar sobre el tema, pero con el Decreto Distrital 364 de 2013, según reconocidos juristas por ser abiertamente ilegal y sobretodo expedirlo en contra de la institucionalidad, genera incertidumbres.
Afecta a los bogotanos todos, porque contribuye a la dificultad en la determinación del potencial de construcción en los terrenos y obliga a excesivas cargas para su desarrollo. Los dueños del suelo son ciudadanos de todos los estratos, en su gran mayoría no vinculados a los constructores.Y más inseguridad jurídica!
