Nuestra Constitución Política establece el derecho que tienen todos los colombianos a acceder a una vivienda digna y la consecuente obligación del Estado para fijar las condiciones necesarias para hacerlo posible. Si bien comenzó como letra muerta, con el tiempo se ha venido construyendo una política pública de vivienda que persigue ese sueño.

Las principales medidas de gobierno, se centraban en instrumentos de financiamiento; se destacan dos, la Upac reemplazada por la UVR, y el subsidio familiar de vivienda para estimular la demanda. Son hitos normativos de política pública.

Paralelamente, la Ley 388 de 1997 ha sido herramienta clave del ordenamiento del territorio y de la planificación económica y social; instrumento normativo que revolucionó en materia urbana nuestras ciudades; referencia en América Latina, que coincide con alto grado de construcción informal.

De manera complementaria, el crecimiento urbano, lo mismo que el reconocimiento que más de la tercera parte de los colombianos viven en arriendo, requirió de leyes que compilaran normas dispersas, para lo que el gobierno del presidente Uribe propició la Ley de Propiedad Horizontal 675 de 2001 y la que regula los contratos de arriendo Ley 820 de 200; creando condiciones para construir vivienda formal para arrendar.

Para ese lapso, con la participación de ministros como Sandra Suárez, se propició para que de manera institucional se utilizara la construcción como puntal de crecimiento económico y generador masivo de empleo. Se comienza también a introducir la planeación urbana sostenible con la Ley 1083 de 2006 y la construcción amigable al medio ambiente.

Para los gobiernos de Santos, con el liderazgo de Vargas Lleras, primero como ministro de Vivienda y luego como vicepresidente, se complementa la política con infraestructuras urbanas y sociales logrando grandes avances; así, acompañado por Luis Felipe Henao como su sucesor en el ministerio, se consolida como política de Estado. Entre múltiples leyes y normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda, se expidió la Ley 1537 de 2012.

Ahora bien, construyendo sobre lo construido, con la política de vivienda del gobierno Duque y el buen trabajo de su ministro Malagón, la coyuntura encontró el instrumento de la vivienda para paliar las dificultades. Programas que contemplan subsidio familiar de vivienda social; garantías a créditos hipotecarios expedidas por el gobierno; devolución del IVA a los constructores de VIS; cuentas AFC; Mi Casa Ya, para viviendas urbanas nuevas con subsidio a la tasa de interés de cuatro o cinco puntos porcentuales por siete años; y, Semillero de Propietarios, que promueve ahorro para adquirir vivienda.

Para impactar a todo el mercado, el presidente Duque acaba de lanzar además el subsidio a la tasa de interés para viviendas entre $118 y $438 MM (500 smlmv), 100.000 coberturas de tasa a asignar hasta diciembre de 2022 o hasta cuando se agoten, por los primeros siete años del crédito hipotecario o leasing habitacional. Por ello, la ONU-Hábitat acaba de premiar a Colombia por los resultados en el manejo de vivienda y agua potable, especialmente en tiempos de pandemia.