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El presidente electo recibe el país con un crecimiento económico mediocre y temas estructurales por resolver, tales como la problemática tributaria y de gasto público, con necesidad de ajuste fiscal; la sostenibilidad financiera del sistema de salud, la necesaria reforma a las pensiones, el penoso desempeño rural, el enfoque de la política educativa para mejorar calidad y cobertura, la administración de justicia hoy ineficiente y de baja credibilidad, el hacinamiento carcelario y, en general el apoyo a la actividad formal, son reformas y actividades con requerimientos fiscales.
De otra parte, la economía global y de la región muestran señales de crecimiento, lo que favorece la actividad económica de Colombia. De igual manera, el ingreso del país como miembro a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), el respaldo de instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el mejoramiento de la confianza en el país y la estabilidad institucional que representa el Presidente Duque, apuntalan una oportunidad de inversión externa y ambiente de confianza para la inversión interna y desempeño empresarial competitivo.
Si crece la economía formal, crece el empleo, crece la capacidad de consumo y crece el recaudo fiscal para atender los requerimientos sociales y los equipamientos que mejoren la calidad de vida.
La actividad empresarial informal no paga impuestos, el trabajo que genera no aporta al sistema de seguridad social; las calamidades por fenómenos naturales, que requieren recursos públicos de socorro, nacen generalmente en la informalidad, incluso en la ilegalidad.
Las deficiencias institucionales y administrativas y la desarticulación gubernamental propician informalidad y corrupción. Para las empresas formales y en general para la producción de bienes y servicios, la ineficiencia del sector público genera sobrecostos y es abono a la informalidad.
El exceso de trámites, la inseguridad jurídica, la regulación fragmentada, las inexplicables demoras en las respuestas de las autoridades, la presión fiscal, la falta de infraestructura, son elementos que quitan apetito de inversión y dificultan el ambiente de los negocios formales.
Pues bien, las viviendas en nuestro país, en cerca de la mitad, se construyen de manera informal, sin licencias de construcción y por ende sin cumplir normas urbanísticas locales y de construcción nacionales.
La construcción formal de edificaciones es un instrumento de justicia social, por el empleo que genera su producción y por la estabilidad patrimonial implícita en la propiedad raíz.
Además, la construcción jalona el comportamiento de la economía; cuando crece la actividad de la construcción, sube la economía; cuando decrece la construcción, baja el comportamiento económico. Basta mirar el PIB de la última década y compararlo con el indicador económico sectorial, lo que ratifica la relación directa.
Parte del comportamiento mediocre de la economía se sustenta en la actual caída de la construcción. Los ciclos o curvas de desempeño son más marcados en la construcción, pero tienen simetrías históricas con el desempeño del PIB.
Las políticas públicas y las reformas estructurales que no contemplen la formalización como eje transversal, se quedarán cortas en el propósito de crecer la economía a tasas aceptables, a lo que está comprometido el nuevo Gobierno.
