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Inseguridad jurídica en la actividad empresarial

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La inestabilidad jurídica, el cambio permanente de las reglas, incluso en sectores que el gobierno – de forma adecuada – ha tomado como actividades líderes, inicialmente señaladas como las locomotoras del desarrollo, se ha convertido en grave problema para la actividad empresarial en Colombia.

El mejor ejemplo es, las permanentes reformas tributarias, con cambio en las normas y una carga asfixiante a la actividad empresarial formal. Además, si se aumenta la tarifa del impuesto de renta y se continúa con el impuesto al patrimonio, sería uno de los países de más alta tributación de la región. 

Y qué decir del actual proyecto de reforma laboral, que genera inestabilidad. En particular, volver a reformar la jornada laboral sería un retroceso. De otra parte, en lo local, las decisiones mediáticas, incoherentes y populistas, ahuyentan la inversión y crean clima de desconfianza empresarial. 

Además, se está propendiendo para que exista la denominada lucha de clases, ¿Qué tal, calificar el impuesto al patrimonio como impuesto a la riqueza?, ¿Qué tal, incendiar la opinión pública con el anuncio de construir vivienda social del rango más bajo, en los barrios de estrato alto y sectores más caros de servicios públicos, comunitarios y de educación?

En relación a las locomotoras, los inversionistas del sector minero no sienten plena confianza por la inestabilidad derivada de la falta de coordinación institucional entre las autoridades mineras y ambientales y por los engorrosos trámites con las comunidades. En el entretanto, la minería informal crece.

Prueba de ello es el pobre resultado en la reciente convocatoria a la industria petrolera, a la que se le invitó a ofertar por cerca de un centenar de bloques para explotación y solo se obtuvieron 26 propuestas. Las empresas tienen inquietudes con los estudios previos, el orden público, las licencias ambientales y la participación opositora de las comunidades; aunado a incertidumbres en la tenencia de los terrenos, que han hecho cancelar y aplazar no solo proyectos mineros, sino agroindustriales y de infraestructura. 

En relación al sector de la construcción, siendo el principal jalonador del crecimiento económico y generador de empleo del país, existen nubarrones, fundamentalmente derivados de inestabilidad jurídica, no obstante la política pública ha incentivado el crecimiento de la actividad empresarial tanto en infraestructura como en edificaciones y la adquisición de vivienda por parte de los hogares colombianos.

Caso mayúsculo de inseguridad es la inestabilidad de las normas urbanísticas, particularmente en Bogotá, pero aplicable en importantes ciudades capitales, derivado de los anuncios de modificación del POT, de los ajustes sin soporte técnico y de falta de coherencia entre el ordenamiento territorial con los planes de gobierno, de servicios y obras públicas. 

Ahora bien, el aumento de poder del presidente Santos y su pérdida de liderazgo, podría verse compensada con la construcción de un norte claro y seguro sobre lo que más le conviene al país. Ocasión para mostrar su liderazgo, no sólo con la paz, sino con afrontar dos problemas que tienen atorados a los empresarios y a todos los colombianos: la administración de justicia, que es caótica, ineficiente y está paralizada; y, la convivencia política, para lo cual debe encontrar la forma y el espacio para sentarse con el expresidente Uribe tendiente a mejorar la gobernabilidad y la estabilidad institucional.

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