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Los particulares podemos hacer todo lo que no está prohibido, mientras los funcionarios públicos sólo pueden realizar aquello que les señale la constitución, las leyes y los reglamentos. Este principio es el que la Procuraduría, en su gestión constitucional, analiza para los funcionarios. Por tal razón, entre múltiples restricciones, un servidor público no puede participar en política partidista, ni puede tomar decisiones con procedimientos fuera de la ley.
Queda claro entonces que al Alcalde de Bogotá o al Alcalde de Santa Marta no lo destituyen o suspenden del cargo por ser de izquierda, ni por tomar decisiones gerencialmente inacertadas, sino por actuar fuera de la ley y las normas que obligan a los funcionarios públicos.
Lo que está sucediendo en nuestra capital va más allá de separar del cargo al Alcalde por actuar - de manera consciente - contrario a la ley según el Procurador General, sino que este episodio sumado a que el Alcalde anterior se encuentra en la cárcel por corrupción y también separado del cargo en pleno ejercicio, genera problemas graves de institucionalidad, gobernabilidad y confianza.
Gustavo Petro ha logrado venderse como víctima, como perseguido por tomar decisiones que afectan a los ricos, lo que aun genera más confusión e ingobernabilidad para la ciudad. Probablemente se ratifique su salida y nos vamos a elecciones, por algo menos de dos años de un nuevo Alcalde, que incluso puede ser de tendencia política contraria, como Francisco Santos o Germán Vargas.
En el entretanto, la ciudad debe definir y reafirmar su norte de largo plazo en materia de movilidad y de infraestructura. La mente del Alcalde Petro y su equipo no está centrada en estas prioritarias tareas, sino en las de su defensa y aferro al poder. Además, necesitamos un Alcalde que con experiencia gerencial, probada capacidad ejecutora, se concentre en administrar la ciudad.
El año que comienza se construirán o licitarán trascendentales obras que tienen que ver con la movilidad y por ende con la competitividad de la región y la calidad de vida de los ciudadanos. El cronograma de la administración distrital señala que en septiembre del presente año estén terminados los estudios del metro pesado, primera línea, que iniciaría la construcción en 2015.
Esta línea subterránea de metro tendrá 27 Kms, con una estación cada kilómetro en promedio, entre El Tintal al sur-occidente de Bogotá, el centro y el borde oriental de la ciudad, hasta la calle 127 al norte. Cada kilómetro puede costar 100 millones de dólares americanos. Además, al estilo de los cables aéreos de Medellín, están programadas dos líneas, una en Ciudad Bolívar y otra en San Cristóbal, en el sur de Bogotá.
Los proyectos en materia de transporte son enormes, cuentan con nuevas vías en el occidente y en el sur, ampliación de la avenida carrera 11 al norte, mejoras en la NQS, la avenida carrera 7 podría tener tranvía, es evidente la ampliación de Transmilenio, movidos sus buses con fluido eléctrico. En fin, habrá obras para mejorar la movilidad por más de $2,3 billones para este año y la iniciación de importantes proyectos para 2015.
Y, la ciudad hoy, desde el punto de vista de administración pública, es un barco sin capitán. Por ello el episodio de la actual administración de Bogotá debe resolverse cuanto antes. Los ciudadanos estamos obligados a apoyar el resultado. La movilidad de Bogotá, y de su área de influencia, está en proceso de cambiar de rumbo. El futuro de Bogotá depende de estas decisiones.
