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Analistas 15/10/2021

Apoyo al empresariado

Sergio Mutis Caballero
Presidente Grupo Valor

La actividad empresarial formal, debería encontrar de parte de los gobiernos y de las autoridades el servicio expedito que requiere para seguir construyendo sociedad y generando empleo formal. En ciertos despachos oficiales se mira al empresario como si fuera el enemigo; o peor, es amigo si es corrupto. Los trámites excesivos, incluso a merced del funcionario, son permanente talanquera del desarrollo. La ineficiente administración de justicia y la inestabilidad jurídica son dos elementos que cuando ocurren, desaniman la inversión.

Además, en ocasiones los organismos de control colocan trabas al funcionamiento de las empresas formales con requerimientos excesivos o sin fundamento y hasta acomodando multas que solo benefician a quien las coloca. Como bien lo hemos analizado desde esta columna, la desigualdad en el trato por parte de las autoridades y entes de control, que solo investigan y sancionan a los formales, alimenta la informalidad y el desempleo.

No se puede perder de vista que la mediana y pequeña empresa, conforman más de 97% del tejido empresarial colombiano, y que las MiPyme emplean más de 65% de la fuerza laboral nacional. Pues bien, hay excepciones en algunas superintendencias que han entendido que sin competitividad y sin apoyo a la empresa privada, el crecimiento económico y el bienestar de los ciudadanos se ve afectado.

Llaman positivamente la atención, las recientes declaraciones del superintendente financiero Jorge Castaño, al afirmar que el covid-19 ya no puede ser más excusa para que la banca no preste recursos a esas pequeñas y medianas empresas, siendo su compromiso mantener la reactivación económica. Los indicadores permiten irrigar más crédito bancario y, apoyar a quienes por cuenta del confinamiento y la parálisis empresarial han tenido dificultades. De igual forma debe permitir la flexibilización de las refinanciaciones de créditos atorados por cuenta de la pandemia.

De otra parte, las actuaciones mediáticas de la Superintendencia de Industria y Comercio son cosas del pasado. El superintendente Andrés Barreto, quien funge desde 2018, ha contribuido con su trabajo para mejorar la calificación internacional de nuestro país en competitividad, con una visión de autoridad garantista y con aprecio a la actividad empresarial formal, cumpliendo a cabalidad sus múltiples funciones.

Dicha Superintendencia como autoridad nacional de protección de la competencia, de estabilidad del registro de marcas, de propiedad industrial, y muchas funciones más, cambió las ruedas de prensa para acusar empresas, por rendir cuentas de su trabajo. Tanto el empresariado como la ciudadanía sienten la institucionalidad en las principales superintendencias, incluida también la Superintendencia de Sociedades, que los asuntos de su competencia se han acrecentado con ocasión de la coyuntura.

Para terminar, así como de forma mayoritaria nos solidarizamos con el personal de la salud por su trabajo permanente y esfuerzo en esta pandemia, siendo imagen de reconocimiento el ministro Fernando Ruiz, el país debe solidarizarse con el empresario formal, generador constante de desarrollo, de empleo y de bienestar colectivo.