Llegó el momento de financiar la resiliencia

Por muchos años, el mantra del movimiento ambiental fue que el cambio climático era el gran igualador. Un problema que afectaba a ricos y pobres por igual.

Con el tiempo se confirmó que era justamente lo opuesto. Los principales afectados por este fenómeno son las poblaciones de bajos ingresos y los países emergentes. Allí radica la importancia de la financiación climática en países como Colombia.

Cuando hablamos de finanzas del clima nos referimos a los recursos públicos y privados o a los instrumentos financieros que se utilizan para descarbonizar la economía y alinear los aparatos productivos hacía el desarrollo sostenible y la acción climática.

Desde el sector público se puede aportar con los recursos que se movilizan vía política fiscal o los préstamos públicos. Por parte del sector privado hay varias formas de financiar el clima: vía bonos verdes y líneas de crédito para agricultura sostenible y construcción de activos de fuente de energía renovable no convencional.

El reto es que hay una gran brecha de financiación que debe comenzar a cerrarse si Colombia quiere cumplir con sus ambiciosas metas de reducción de emisiones y neutralidad de carbono a mediados del siglo. Y esta brecha debe cubrirla el sector público y el sector privado.

Según el Reporte Mundial de Inversiones de 2019 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, la brecha de financiación de la acción climática en países en vía de desarrollo era de USD 2.5 trillones. Para el caso colombiano, un reciente informe del Departamento Nacional de Planeación, DNP, establece la brecha de financiación en adaptación al cambio climático en el 0.13% del PIB anual aproximadamente, lo cual implica que se debe aumentar la inversión en por lo menos 2 billones de pesos cada año hasta 2030.

¿Cómo entonces lograr financiación del clima y cerrar la brecha? Menciono dos maneras de hacerlo, desde lo público y lo privado, utilizando como ejemplo la reciente reforma tributaria.

El texto propone incrementar el recaudo actual por concepto de impuestos verdes de $1,3 billones a $2,9 billones. Modificando el impuesto de carbono y creando otros tantos, el Estado está buscando financiación climática para fondear el Fonclima (fondo para la prevención del cambio climático y el desarrollo sostenible) y tener niveles de recaudo totales por concepto de impuestos verdes cercanos a los de Chile o Uruguay que son ejemplos en la transición energética.

Desde el sector privado, el proyecto de ley les da a las entidades territoriales la posibilidad de contratar instrumentos financieros de transferencia y retención del riesgo ante la ocurrencia de desastres naturales. Piense en productos del mercado de capitales que comiencen a pagar a partir de un umbral acordado (por ejemplo, para huracán, terremoto o fenómenos de la Niña y el Niño). Acá el sector financiero privado (asegurador o el mercado de capitales) puede ayudar a estructurar y contratar productos que financien las entidades cuando sucede un desastre.

En la era de la resiliencia (el hombre buscando sobrevivir al cambio climático) hay una clara necesidad de re-dirigir la financiación climática pública y privada hacia la sostenibilidad. Ojalá la discusión de la reforma tributaria afiance que el que contamina pague, incentive cambios en comportamiento en el consumidor y promueva la inversión y el empleo verde.