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En un balance reciente sobre el sector cafetero colombiano, Anif había mencionado que este ha venido mostrando “aguante” y que se perfila hacia otro buen segundo semestre en 2017; esto a pesar de que los excesos de nubosidad y lluvias a inicios de año amenazaban con menguar la cosecha. De hecho, se estima que el total de sacos alcanzaría a bordear nuevamente los 14,5 millones y que, con un precio interno cercano a los $800.000/carga (vs. unos costos de producción de $550.000-650.000/carga), se lograría que el valor de la cosecha esté cerca de los $7 billones (0,8% del PIB), ver Informe Semanal No. 1368 de junio de 2017.
También mencionábamos dos temas que han llamado la atención en el debate público reciente sobre posibles asignaciones presupuestales de la Federación Nacional de Cafeteros (Fedecafé): i) un posible incremento de US¢1,0 (unos $60.000 millones/año) que se destinaría a apoyar la renovación de cafetales; y ii) otro US¢0,5 (otros $30.000 millones/año) a ayudar a fondear los pagos pensionales a productores cafeteros (denominado “piso de protección social”).
Después de un interesante y abierto debate con Fedecafé, Anif ha continuado reflexionando sobre propuestas y alternativas para ayudar a solucionar tales desafíos productivos y de bienestar social para el agro colombiano. Tras mucho pensarlo, Anif se ratifica en la idea de que no conviene mermar el ingreso del productor colombiano más allá de los actuales US¢6 (unos $360.000 millones/año), pero consideramos importante abrir el espacio de debate a otras alternativas que deberían lograr objetivos similares a los perseguidos por Fedecafé.
Renovación cafetera. Se ha dicho que el objetivo es renovar unas 50.000 has., lo cual luce razonable frente a un añejamiento del parque cafetero que ya puede haber superado el umbral de los 8-10 años. Mas aún, se habla de que podría, de cara al pos-conflicto, continuar expandiéndose la producción hacia la franja de 14-16 millones de sacos/año, con el beneficio de vincular aún más zonas afectadas por la guerra, como el Putumayo, el pie-de-monte Llanero, el Casanare y las zonas del Cauca y Nariño. Dada la escasez de café arábigo-suave, parece existir espacio en la demanda mundial para acomodarla sin incurrir en el riesgo de afectar estructuralmente el precio por debajo de los actuales US$1,50/libra (que viene sustentando buenos ingresos para los caficultores colombianos).
Los estudios comparativos que ha hecho Anif sobre cultivos alternativos a los estupefacientes ilegales indican que apoyos presupuestales del orden de 0,14% del PIB/durante cinco años, lograrían el doble beneficio de la sustitución de ilícitos y de la anhelada absorción de mano de obra desmovilizada, ver: http://anif.co/sites/default /files/investigaciones/anif-fasecolda-peace0517.pdf.
Así como se habla de profundizar la oferta de cacao, debería contemplarse también la de café (ambos con probadas bondades, en vez de volverse a replicar los fracasos con cítricos y similares). Así, en vez de pensar en mermar los ingresos de los cafeteros (ya bastante atomizados), el Estado debería incluirlos como pivote importante del pos-conflicto en las zonas marginales ya señaladas.
Pero garantizar el éxito en este frente requiere, además, que el Estado agilice la dotación de vías secundarias-terciarias, implemente el marco regulatorio de la Ley Zidres y pase a darle un manejo realista a los costos laborales no salariales (todavía con onerosos multiplicadores de 1,5 veces la nómina). Infortunadamente, la Ugpp-Mhpc todavía opera con criterios de excesiva-urbanidad, desconociendo una realidad rural que tiene sus propios ciclos productivos con amplios tiempos cesantes para el trabajador (ver Comentario Económico del Día 30 de agosto de 2017).
Expansión del programa Colombia-Mayor. Actualmente se estima que existen no menos de dos millones de ancianos desatendidos por el Estado (de los cuales unos 600.000 habitan la zona rural). Las asignaciones actuales de 0,1% del PIB del programa de Colombia-Mayor tan solo cubren dos de los cinco millones que tiene Colombia en edad de pensión y con partidas muy precarias (aproximadamente un 25% de 1 SML), ver gráfico adjunto.
En este frente, Colombia deberá hacer un esfuerzo adicional por incrementar dicha asignación a cerca de 0,8% del PIB en el curso de la próxima década, pero esto implicará reformar profundamente los regresivos subsidios pensionales que hoy se vienen dando. Colombia ha estado en mora (durante las tres últimas décadas) de solucionar este problema de inequidad social y debería emular lo que vienen haciendo inclusive países más pobres de la región (siendo el caso emblemático el de Bolivia, donde se asigna casi 1% del PIB a los programas de apoyo social).
