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El Estado colombiano ha mostrado ser muy ineficiente y por ello deberíamos todos tomar conciencia sobre la urgencia de adoptar una gran estrategia para mejorar su operatividad. Anif ha venido sugiriendo que Colombia aproveche su muy probable ingreso a la Ocde, en 2018, para que este nos ayude a organizar un Task Force de tal manera que el nuevo gobierno entre a actuar de manera pronta, ordenada y teniendo ya tareas coherentes. El Estado colombiano ha mostrado ser muy ineficiente y por ello deberíamos todos tomar conciencia sobre la urgencia de adoptar una gran estrategia para mejorar su operatividad. Anif ha venido sugiriendo que Colombia aproveche su muy probable ingreso a la Ocde, en 2018, para que este nos ayude a organizar un Task Force de tal manera que el nuevo gobierno entre a actuar de manera pronta, ordenada y teniendo ya tareas coherentes.
En línea con lo anterior, también debemos aprovechar las tareas que ha venido haciendo recientemente el DNP como entidad-gerente en los frentes de: i) lucha contra la pobreza y focalización de subsidios; ii) gestión-planeación de las entidades territoriales; y iii) coordinación de la regulación estatal. En este último frente, el DNP ha sido partidario de institucionalizar el Análisis de Impacto Normativo (AIN) como condición para generar cualquier cambio legal, ante la avalancha ineficiente de normatividad. En efecto, durante 2000-2016, Colombia produjo regulaciones a granel: 94.748 nuevas reglas, a razón de unas 5.900 por año. Esa normatividad se concentró en resoluciones (73%), donde una importante proporción han sido, según el análisis del propio DNP, de carácter no “sustancial”.
En este frente de coordinación de la regulación cabe aplicar “incentivos amigables”, en línea con las teorías de economía del comportamiento, aprovechando que se han venido popularizando y hasta han sido reconocidas a nivel del premio nobel de Economía de 2017. En efecto, Richard Thaler ha hecho grandes avances científicos, al construir un puente entre el análisis económico y la psicología en el proceso de toma de decisiones. Dicho puente se basa en que la racionalidad, las preferencias sociales y la falta de autocontrol afectan de forma sorpresiva la toma de decisiones.
Thaler y Sustein (2009) en su libro “Nudge” dan sencillas, amigables e importantes recetas (incentivos amigables) para la lucha diaria contra la “inercia” en la toma de decisiones. No se trata de prohibir a raja tabla, sino de generar hábitos para las buenas decisiones, enfoque que los autores denominan la “libertad paternalista”. Esta ha resultado muy útil en los temas pensionales y de la salud. Por ejemplo, en vez de esperar a que la gente piense y opte por estrategias de largo plazo para su propio beneficio, la regulación debería anticipárseles y ayudarles a tomar esas decisiones a través de marcarlas como “las opciones de no acción (default)” por parte de los interesados. Esto fue, por ejemplo, lo que se logró a través del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (artículo 137) con un cambio en el esquema de multifondos, al modificar la forma de escogencia del portafolio default para los afiliados a las AFP, buscando que dicho portafolio se asemeje más a su perfil de riesgo (según la edad) y permita maximizar la rentabilidad. Pero, nuevamente, al mejor estilo de “la desidia colombiana” ha resultado imposible lograr su reglamentación, faltando menos de un año para que expire ese Plan de Desarrollo (¿Será que el DNP es capaz de superar ese escollo de la inacción del Ejecutivo?).
Estos principios de incentivos amigables también ayudarían a mejorar la calidad alimenticia en las cafeterías de los colegios públicos. Se trata de usar un incentivo amigable que vaya en contravía de lo que dictaría la estrategia de precios y la competencia en las góndolas de los supermercados tradicionales: poner (primero) las verduras nutritivas a la altura de los ojos de los estudiantes y solo al final del corredor los dulces que causan obesidad.
También cabe destacar sus aplicaciones en la promoción del pago de impuestos y el acceso a la educación de los jóvenes más vulnerables. Por ejemplo, en 2012 se pre-llenaron los formatos de aplicación para la universidad de los estudiantes más pobres de EE.UU., usando los datos de las declaraciones de impuestos. Esto trajo como resultado un incremento de 25% en la probabilidad de que esta población ingresara a la educación superior.
Sin embargo, muchos críticos ven estos incentivos amigables como posibles formas de “manipulación gubernamental” o incluso como mecanismos que pueden llevar a resultados indeseados. Por ejemplo, en algunos lugares de los Estados Unidos resultó controversial la idea de poder votar sin tener que asistir a las urnas físicamente, para facilitar el procedimiento. Pues bien, el resultado terminó siendo adverso en materia de participación ciudadana en el caso de las minorías, pues estos vieron menos “atractivos” para ejercer su voto ante la falta de socialización con su comunidad. Este caso también ilustra los peligros de extrapolar experiencias sin un adecuado contexto a la hora de su aplicación.
En síntesis, a través de incentivos amigables se pueden generar hábitos para las buenas decisiones. La clave radica en lograr una toma de decisiones más eficiente buscando minimizar los efectos no deseados. En Colombia, se podrían aprovechar estos ejemplos positivos de incentivos amigables para promover el acceso a la educación, el pago de impuestos y la lucha contra la corrupción, entre otras aplicaciones. Le corresponde al DNP liderar el uso de esta herramienta de “nudges” en su papel de coordinador de la regulación estatal, buscando mayor eficiencia a través de pequeños incentivos que podrían potencialmente reemplazar la hemorragia reciente de normas.
