Analistas

Productividad y competitividad en Colombia

Anif ha venido destacando el enfoque práctico de los informes del Consejo Privado de Competitividad (CPC), los cuales han aportado al entendimiento sobre el grave rezago que continúa mostrando Colombia en los frentes de productividad y competitividad. El reporte del CPC de 2017 se focalizó en estos frentes, ahondó en sus diagnósticos y postuló soluciones que deben destacarse aún más a la hora de implementarlas.

Este giro hacia lo práctico se volverá aún más importante de cara a la nueva Administración de 2018-2022, la cual estará enfrentando el riesgo de pérdida del grado de inversión del país, de no actuarse con tino y premura. Los desafíos son múltiples: i) se requiere acelerar el crecimiento del paquidérmico 2% anual (de los últimos doce meses) hacia por lo menos el potencial del 3% anual; ii) el frente exportador debe escalarse (de los actuales US$34.000 millones/año hacia los US$60.000 millones/año del período 2010-2014) y diversificarse (con agro-industria elevando su participación del 30% hacia el 50% de la canasta); y iii) la estructura fiscal debe ponerse nuevamente en una trayectoria de sostenibilidad a través de elevar el recaudo (eliminando múltiples exenciones tanto en renta como en IVA) y contraer el gasto operativo y regresivo (como el de pensiones), de tal manera que su combinación permita cerrar dicha brecha fiscal en al menos un 2% del PIB.

En esta nota haremos algunos comentarios al reporte del CPC, focalizándonos en las áreas de: i) el PIB per cápita, donde es importante dimensionar el efecto “ilusorio” que nos había dejado la apreciación cambiaria resultante de la prolongada Enfermedad Holandesa que Santos I-II nunca quiso reconocer; ii) el coeficiente de Gini, donde no se han registrado avances significativos; iii) la Formación Bruta de Capital, la cual ha estado afectada por el colapso del sector mineroenergético y los daños estructurales causados a la competitividad del agro y la industria; iv) la productividad empresarial, cuya baja capacidad exportadora se explica por lo que Anif ha denominado el elevado Costo Colombia; y v) el estancamiento en la Productividad Laboral (PL) y la Productividad Total de los Factores (PTF).

PIB per cápita

El informe del CPC destaca cómo el PIB per cápita de Colombia pasó de US$8.300 en el año 2000 a cerca de US$13.000 en 2015 (en Paridad de Poder Adquisitivo-PPA, precios de 2011). Sin embargo, nótese cómo dichos valores (reportados también por el Banco Mundial) resultaron artificialmente inflados durante el período de auge mineroenergético de 2002-2012, el cual trajo aparejada una Enfermedad Holandesa que terminó por desalinear la tasa de cambio en cerca de un 15%-20% real respecto de su PPA de largo plazo (ver Informe Semanal No. 1326 de agosto de 2016). Sin embargo, el fin de dicho auge ha llevado a la corrección del desalineamiento cambiario en 2013-2016, con devaluaciones promedio del 15% anual. En esa coyuntura, el PIB per cápita medido en dólares sufrió contracciones promedio del -9.7% anual durante 2013-2016, mientras que el PIB per cápita medido en pesos experimentó leves expansiones del +2.4% durante el mismo período. Ello ha implicado reversar las brechas en las mediciones en dólares vs. pesos (2001=100), cayendo al -26% al cierre de 2016 (vs. el +29% que se tenía en 2012). Esto implica que, en realidad, el PIB per cápita de Colombia bordea actualmente niveles más cercanos a los US$5.500-US$6.000, cifra sustantivamente inferior al pico “ficticio” de 2012.

Coeficiente de Gini

Infortunadamente, los avances en la lucha contra la pobreza de la última década (llegando a niveles de pobreza absoluta del 28% de la población en 2016 vs. 45% en 2005) no han estado acompa- ñados por ganancias significativas en términos de equidad, contrario a lo expuesto por el CPC (ver Comentario Económico del Día 2 de agosto de 2017). En efecto, la concentración del ingreso se mantiene en niveles muy elevados, donde el coeficiente de Gini tan solo ha logrado reducirse hacia 0.52 en 2016 (vs. 0.56 observado en 2005), siendo este uno de los peores registros de América Latina (con un Gini promedio de 0.48). Más aún, de lograr entrar a la OECD (donde se observa un Gini promedio de 0.32), Colombia sería el país con los mayores niveles de inequidad.

El agravante de ello radica en que la política fiscal en Colombia (tanto en lo tributario como por el lado del gasto) mantiene prácticamente inalterada dicha desigualdad, en contravía de lo que ocurre en los países desarrollados e incluso en la mayoría de países de la región (ver Informe Semanal No. 1325 de julio de 2016). En el país predomina el perverso efecto regresivo de los subsidios (tipo Hood-Robin), donde se destinan recursos públicos para darle más a los más pudientes, como en el caso de las pensiones del régimen público (Colpensiones). A esa mala asignación de los subsidios por el lado del gasto toca agregar la baja incidencia de los impuestos directos sobre la mayor equidad, dada la maraña de exenciones operantes en el Imporrenta de persona natural (donde las correcciones de las Leyes 1607 de 2012 y 1819 de 2016 todavía resultan marginales frente al objetivo de mayor equidad).

Por todo lo anterior, Colombia es uno de los pocos países donde las transferencias públicas de las pensiones tienden a aumentar la desigualdad medida en términos de Gini (+0.01), anulando las ganancias provenientes de otras transferencias monetarias. Al considerar las ganancias nulas provenientes de la tributación, Colombia es prácticamente el único país de la región donde la política fiscal carece de incidencia sobre su distribución del ingreso.

Por tal motivo, la focalización del gasto social requerirá de medidas encaminadas a: i) lograr una mayor progresividad tributaria para los hogares más ricos, lo cual permitiría elevar los recaudos y disminuir el Gini; ii) tramitar una reforma pensional, buscando eliminar los mencionados subsidios tipo Hood-Robin; y iii) aplicar reformas estructurales que continúen reduciendo los costos no salariales (como el 4% de la nómina destinado a las Cofamiliares), con el fin de aumentar la formalidad.

Formación Bruta de Capital

El informe del CPC muestra una inversión elevándose durante la última década hasta alcanzar la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF)/PIB un pico del 29% en 2014 (vs. los valores del 15%-20% del PIB en 2000-2005). Sin embargo, el informe no advierte lo suficiente el cambio de tendencia del período 2015-2016, donde se habían observado contracciones del -1.7% anual, descendiendo así la relación FBKF/PIB hacia el 27%. Esto último continuará agravándose durante 2017-2018 por cuenta del sostenido colapso del sector minero-energético y los daños estructurales causados a la competitividad del agro y la industria por cuenta de la Enfermedad Holandesa (antes comentada).

Hubiera resultado útil que el reporte del CPC entrara a hacer la distinción entre: i) la FBKF en infraestructura y maquinaria-equipo, la cual permite apalancar mayores crecimientos potenciales; y ii) la FBKF en edificaciones, la cual es, en últimas, una forma de consumo diferido de los hogares. Curiosamente, en épocas de Enfermedad Holandesa se generan burbujas hipotecarias y estas últimas inflan artificialmente el componente de edificaciones. Esto suele conducir a una pérdida de crecimiento potencial por falta de adecuado apalancamiento productivo.

De esa manera, al ajustar dicha inversión (neteándola del componente de edificaciones), la razón FBKF-ajustada/PIB muestra un descenso del actual 27% (sin ajustes) hacia el 20% (con ajustes por edificaciones), ver gráfico 2. Ello explica en buena medida la caída del potencial de crecimiento del 4.5% anual del período 2005-2014 hacia el 3% anual del período 2015-2020.

Productividad empresarial y laboral

El informe del CPC revela que los esfuerzos internos de las empresas explican cerca del 65% de su productividad y los factores externos tan solo alcanzan una participación del 35%. Este es un hallazgo interesante del CPC y ello es consistente con el letargo exportador (arriba explicado). Pero falta mucho por estudiar para averiguar por qué una corrección cambiaria del 25% durante 2015-2016 ha resultado totalmente insuficiente para ayudar a superar la “crisis exportadora” de las no tradicionales.

Se ha venido ventilando la peregrina idea de que esa corrección en la PPA de la TRM tan solo ha servido para estimular las exportaciones de cocaína, desconociendo que allí lo que hubo fueron años de no fumigación (2012-2017) y de no combatir su expansión debido a las limitantes políticas que Santos II decidió que imponían los Acuerdos de la Habana. Ello ha llevado a una duplicación de la producción de narcóticos en Colombia y a una multiplicación por 3 del área cultivada (pasando de 50.000 en 2012 a 180.000 hectáreas en 2016).

Así, este fin del súper ciclo de commodities ha implicado un serio problema en las cuentas externas de Colombia y un agotamiento de su esfuerzo exportador. Por ejemplo, según los resultados de la Gran Encuesta Pyme Anif, cerca del 95% de las Pymes de servicios y el 82% de las industriales no exportaba, ver Comentario Económico del Día 31 de julio de 2017.

Al analizar la PL, las expansiones han sido nulas en los últimos años, mientras que la PTF se ha contraído en promedio un -0.3%. Ello responde, en parte, a la vulnerabilidad del país frente a los commodities, lo cual ha causado una pérdida de crecimiento potencial del 1.5%, llevándolo hacia el 3% actualmente (como ya lo comentamos).

Otro elemento clave que requiere ahondarse es el negativo efecto estructural que causa el llamado Costo Colombia sobre ese esfuerzo exportador. En este frente persisten: i) los elevados costos laborales del 50%, a pesar de la disminución de 13.5pp (3% del ICBF + 2% del Sena + 8.5% de la salud) según lo estipulado en la Ley 1607 de 2012; ii) la pobre calidad de la infraestructura local, agravada por los elevados costos logísticos; iii) los altos costos energéticos poco competitivos a nivel internacional, lo cual afecta el desarrollo industrial del país; y iv) las altas tasas impositivas a las firmas (aun cuando la Reforma Tributaria de 2016 alivió la tasa de tributación efectiva para las firmas del 47% al 33% en 2017-2020.

El Índice de Competitividad de Colombia (a manera de conclusión)

Hemos visto cómo Colombia enfrenta una serie de problemas de competitividad derivados del elevado Costo Colombia. Así lo refleja el Índice de Competitividad (IC) que lanzó Anif a mediados de 2015. Recordemos que dicho IC mide la productividad-competitividad empresarial en las áreas de: i) tasa de cambio real frente a nuestros 22 principales socios comerciales; ii) sobrecostos en insumos empresariales, destacándose los laborales, de energía y de transporte; iii) calidad del capital humanoeducación; iv) carga tributaria empresarial; y v) aspectos institucionales sobre “facilidad para hacer negocios”. El IC se compone de ocho indicadores en los frentes mencionados, los cuales reciben una calificación de “bueno” (3), “regular” (2) o “malo” (1).

La actualización de dicho IC muestra cómo Colombia ha estado “rajada” en materia de competitividad durante los últimos quince años, pues el IC nunca sobrepasa puntajes de 3 sobre 5. Sin embargo, se evidencian algunas mejoras recientes, repuntando dicho IC hacia valores de 2.7 en 2017 (vs. 1.7 observado en 2010), ver cuadro 1. Lo anterior es consistente con mejoras en los frentes de: i) menores costos energéticos, según lo mandado en la Ley 1430 de 2010 y reforzado mediante el PIPE-I; ii) menores brechas del SML contra la región, prácticamente alcanzando los US$230 de la Alianza del Pacífico en 2017; iii) reducciones de 13.5pp en los costos no salariales, de acuerdo con la Ley 1607 de 2012 (aunque dichos sobrecostos permanecen en niveles elevados cercanos al 50%); y iv) mayor competitividad vía ITCR en línea con el fin del auge minero-energético.

Al margen de dicho repunte del IC, el análisis por componentes muestra lastres permanentes en los frentes de: i) educación, donde los incrementos recientes en cobertura no han estado acompañados por mejoras en calidad; ii) facilidad para hacer negocios, reflejando la persistente parálisis institucional de la justicia colombiana; y iii) los elevados costos de transporte, dado el rezago histórico en la dotación de infraestructura. Ante esta realidad, Anif enfatiza la urgencia de seguir avanzando en materia de reformas transversales: i) acelerar el paso en materia de inversión en infraestructura y logística, para reducir los sobrecostos de transporte; y ii) profundizar las reformas en el frente de reducción de costos no salariales y energéticos. Por todas estas razones es que es tan importante el papel de “doliente” que tiene el CPC a la hora de medir y postular soluciones mancomunadas público-privadas que nos permitan superar estos bajos índices de productividad y competitividad.