¿Por qué no hablar de Procuraduría - Contraloría?

Como una forma de “aderezar” la próxima reforma tributaria, el Ministro de Hacienda ha venido explicando en el Congreso su intención de impulsar recortes en los gastos operativos del gobierno central hasta por $3 billones. Si bien esa suma tan solo representa cerca de 2% del total presupuestado para 2015 (excluyendo el servicio de la deuda pública), se le abona al gobierno que haya dado ese paso, siguiendo la buena tradición de los llamados “Decretos Cinturón” que sirvieron en 1995 y nuevamente en 1998 para ambientar reformas tributarias ante el Congreso.

Pero la verdad es que la Administración Santos II (2014-2018) tiene una doble tarea, aún más compleja, a la hora de buscar equilibrios fiscales sostenibles. La primera tarea consiste en pensar muy bien cómo cerrar el faltante de $12,5 billones (7,5% del total de gastos sin servicio de deuda). Para ello, el gobierno recientemente ha presentado una propuesta de reforma tributaria, donde hay dos novedades: i) crear una sobretasa al Cree (del 3%), a partir de activos netos superiores a los $1.000 millones; y ii) repetir el Impuesto al Patrimonio (IP), bajo el nuevo ropaje de “Impuesto a la Riqueza” (IR). Sin embargo, este IR se aplicaría bajo la modalidad de tasas de gravamen marginales crecientes para hogares y firmas, en la franja $1.000 millones-$8.000 millones de activos-netos. 

Hemos estimado que este IR permitiría recaudar cerca de 0,76% del PIB por año, cifra superior al 0,5% del PIB que se venía recaudando bajo el IP. Esto gracias a su aplicación marginal y a la actualización de la base impositiva patrimonial, la cual entraría a cobijar a 85.000 contribuyentes. La segunda tarea consiste en buscar verdaderos adelgazamientos estatales en aquellas entidades que han probado ser de muy baja productividad y que, además, son proclives a la pesada burocracia y politiquería. Aquí se debe tener cuidado a la hora de los recortes y evitar eliminar entidades que se han vuelto esenciales en su sector. Tal es el caso de la Unidad de Regulación Financiera, creada con el decreto 4172 de 2011, y que está liderando los temas de inflación regulatoria en materia financiera. En cambio, la atención debe dirigirse es hacia “mamuts” como la Procuraduría (con 4.184 funcionarios) y a la Contraloría (con 4.019 funcionarios a nivel nacional).

En efecto, las propuestas de reformas estructurales para adelgazar dichas entidades datan de 1995-1997, cuando la Comisión de Racionalización del Gasto Público, liderada por el Dr. Gabriel Rosas (q.e.p.d), propuso establecer ágiles “Tribunales de Cuentas”, como los que han permitido en España realizar auditorías serias sobre las finanzas públicas. En hora buena el nuevo Contralor Maya ha expresado su interés en utilizar este tipo de mecanismos de los “Tribunales de Cuentas” para mejorar la calidad del auditaje y, añadimos nosotros, ojalá para adelgazar el Estado de forma sustantiva. Esos tribunales tienen diversas ventajas: i) se convocan para tareas específicas temporales (lo cual evita la pesada carga-permanente); ii) se utilizan equipos de expertos multidisciplinarios que evalúan en simultánea no solo los procesos contables, sino los objetivos alcanzados en las ejecuciones de gasto; y iii) sus reportes no se utilizan como instrumentos de las “asustadurías” para amedrentar a la oposición, ni como elemento de “juzgamiento” para acabar carreras políticas de los “indeseables”.

De adoptarse este esquema, imaginamos que fácilmente esos cuerpos de funcionarios centrales de la Contraloría (aboliendo también las contralorías regionales) bien podrían reducirse a un tope de 500. En el caso de la Procuraduría bien podría clausurarse totalmente, delegando sus funciones entre los propios Ministerios y, en lo pertinente a la lucha contra la corrupción, en un fortalecimiento de la Fiscalía. Recordemos que la figura de la Procuraduría resultó siendo un engendro de la Carta Política de 1991, inexistente en otras latitudes terrenales. Por simple regla de tres, si el presupuesto de 2015 para la Procuraduría asciende a $0,53 billones y el de la Contraloría a $0,43 billones, adoptar este tipo de propuestas le ahorraría al fisco $0,9 billones por año (0,11% del PIB de 2015). Este sí sería un adelgazamiento permanente y sustantivo del Estado y, además, produciendo mejores auditorías que las actuales y sin politiquería.