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Minería y energías limpias: el caso del litio y el coltán

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En los últimos años, se ha hecho evidente la necesidad de migrar hacia el uso de energías más limpias, dados los desafíos ambientales derivados de la elevada concentración de la matriz energética en los combustibles fósiles. En efecto, pese a que el consumo de energía primaria continúa recargándose en el petróleo (34% del total) y el carbón (28%), las fuentes renovables vienen ganando participación relativa en dicha matriz energética durante la última década, pasando del 1% al 4% dentro del total.

 

Dentro de esta tendencia innovadora cabe destacar la mayor extracción de “minerales estratégicos” como el litio y el coltán, utilizados principalmente en el desarrollo de baterías recargables para carros eléctricos, celulares, computadores, sistemas de turbinas de viento, entre otros. Por esa razón, compañías como Samsung, Toyota, Sony y Tesla han venido provisionándose de dichos materiales, considerados como “el nuevo combustible”, cumpliendo con las exigencias de menor impacto ambiental.

En esta provisión de elementos estratégicos, Latinoamérica juega un papel fundamental, estimándose que la región cuenta con el 54% de las reservas globales de litio, ubicadas en el llamado “Triángulo del Litio”. Esta zona comprende: i) Atacama en Chile; ii) Jujuy en Argentina, y iii) Potosí en Bolivia. En el caso del coltán, Brasil parece tener un importante potencial (5% de las reservas mundiales), pero actualmente el principal jugador es la República Democrática del Congo en África (con 80%).

Los principales avances en la extracción de litio se han concentrado en Chile (Salar de Atacama). Allí se requirió de grandes esfuerzos por acoplarse a los requerimientos de las comunidades. Por ejemplo, “las regalías sociales” llegaron al 3,5% de las ventas, además de la “vigilancia participativa” de la explotación. Más aún, son frecuentes las restricciones a través de negación de permisos ambientales de extracción, dados los potenciales usos del litio en plantas nucleares. En el caso de Argentina y Bolivia, la explotación de litio permanece aún más rezagada, debido a la mayor oposición de las comunidades aborígenes. Ha sido particularmente contencioso el caso de Potosí, tras su declaratoria como Patrimonio de la Humanidad.

Dado este panorama, cabe preguntarse: ¿Cuál será el papel de Colombia en el mercado del litio y el coltán? La opinión pública se ha asomado solo marginalmente a estos temas a través de las explotaciones que habían sido ilegalmente adelantadas por grupos al margen de la ley. Solo recientemente el Servicio Geológico Nacional anunció el hallazgo de reservas de litio en Boyacá (zonas termales de Paipa), aunque no se ha establecido su magnitud y su extracción legal aún no se ha organizado. En cambio, la extracción ilegal de coltán se ha concentrado en la Orinoquía, Vichada, Vaupés y Guainía, zonas de antigua influencia de las Farc. Se tienen indicios de explotación ilegal en asocio con el cartel de Sinaloa y forzando la participación de comunidades indígenas.

La Agencia Nacional de Minería buscó controlar la explotación ilegal de coltán delimitando esas áreas mineras estratégicas (Resolución 45 de 2012). Pero, la Corte Constitucional la declaró inexequible por falta de consulta previa con las comunidades.

Todo lo anterior evidencia, una vez más, los desafíos jurídico-sociales que representan las consultas previas y el gran obstáculo en el que se han convertido para alcanzar un sano equilibrio en la explotación minero-energética. No basta con que se haya avanzado en establecer al Ministerio del Interior como el único interlocutor válido y centralizado frente a dichas comunidades, pues se requiere agilizar los procesos y establecer reglas claras que eviten la continua extorsión al Estado, a manos de abogados tinterillos que abusan de las propias comunidades. Anif no está tan convencida que la tabla salvadora provenga del impulso de una Ley Estatutaria, como tampoco ha ocurrido en el caso del sector salud o de las regalías.

Durante Santos-II se presentó un Proyecto de Ley sobre consultas previas, el cual establecía procedimientos administrativos ágiles y se creaba la Unidad de Consulta Previa en el Ministerio del Interior. Sus objetivos centrales eran: i) definir el proceso, los plazos y el financiamiento de las etapas de preconsulta, consulta previa y seguimiento (limitando la duración de la consulta previa a 6 meses, prorrogado máximo por otros 3); ii) creación del Registro Único Nacional de Etnias, permitiendo centralizar la información que tiene el Estado sobre las comunidades, y iii) limitar el asesoramiento de las comunidades a universidades o centros de investigación acreditados, con el propósito de evitar abusos por parte de abogados inescrupulosos. Sin embargo, dicho Proyecto fracasó en sus etapas de “consulta previa”; oh paradoja!!!
Nótese cómo todo ello representa un obstáculo para el desarrollo de proyectos minero-energéticos con alto potencial, como el litio y el coltán, bajo las nuevas exigencias de energías más limpias. Será clave mejorar el ambiente de inversión. La meta será regresar la Inversión Extranjera Directa del sector a niveles de US$8.000 millones, como los observados durante 2012-2013. El riesgo de no actuar prontamente es que continúe escalando la explotación ilegal, como ha ocurrido en el Congo, acompañada de un resurgimiento de la violencia armada; ¿Es lo que queremos en la era del posconflicto?

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