Durante los últimos meses, las principales calificadoras de riesgo han mejorado las perspectivas y también el estatus de la deuda colombiana. En efecto, S&P elevó dicha calificación en un escalón en abril de 2013 (llevándola a BBB), mientras que Moody´s (en marzo 2013) y Fitch (julio 2013) la pusieron en “perspectiva positiva”. Todo hace presagiar que seguramente estas dos últimas calificadoras pronto la elevarán a BBB, quedando esa calificación de forma unánime un peldaño por encima del Grado de Inversión.
Estos positivos movimientos llegan, paradójicamente, cuando ni las economías emergentes, ni América Latina, ni Colombia atraviesan por buenos momentos económicos, todas golpeadas por el eventual tránsito hacia la “normalización monetaria” de la FED y por la desaceleración generalizada (ver Comentario Económico del Día 30 de julio de 2013). América Latina luce particularmente vulnerable ante la reversión en los términos de intercambio, probablemente creciendo en 2013 una cifra similar al 2,5% observado en 2012. Ya existe relativo consenso alrededor de un crecimiento tan sólo de 3,8% en 2013 para Colombia (vs. el 5% esperado un año atrás) y hasta el Banco de la Republica ha reversado su pronóstico del 4,3% hacia el 4%. Esto como resultado de graves problemas estructurales en el agro y la industria, además de la sorpresiva desaceleración temprana del sector minero-energético, afectado por la revolución shale-gas-oil y los serios problemas de orden público loca.
¿Qué ha llevado entonces a las calificadoras a mejorar nuestras perspectivas crediticias? El grueso de ellas destacan como “fortalezas” de Colombia: i) una supuesta aceleración del crecimiento hacia el mediano plazo; y ii) el mejor panorama fiscal, incluyendo las reformas “estructurales” de 2011 (Regalías, Sostenibilidad y Regla Fiscal).
A este respecto Anif ha presentado dos reparos a este superficial análisis de las perspectivas de mediano plazo. En primer lugar, hemos señalado que el fin anticipado del auge minero energético de Colombia nos estará restando cerca de 0,5% en las perspectivas de crecimiento anual de mediano plazo, como legado de una enfermedad holandesa que dejó maltrechos el agro y la industria. En segundo lugar, hemos mencionado que la visión de las calificadoras es bastante “miope”, en tanto lo que ellas evalúan es la Probabilidad de Incumplimiento (PDI) en el pago de la deuda de Colombia y no necesariamente la fortaleza de su desarrollo socio-económico e institucional. Esto implica, por ejemplo, que si el gobierno restringe sus gastos prioritarios en infraestructura, este tema reduce el PDI y eventualmente subirá nuestra calificación, pero poco-nada dicen dichas calificadoras sobre el sacrificio dinámico en términos de menor crecimiento y desarrollo.
Si bien el déficit fiscal del gobierno central de Colombia se ha reducido del 4% en 2010 al 2,5% actualmente, los rezagos en infraestructura y la creciente presión de los pagos operativos ya empiezan a marcarse en el presupuesto del 2014. Por esta razón es que el gobierno ha tenido que revivir, a regañadientes, la idea de cambiar activos energéticos (el 57% restante de Isagen) por activos con mayor productividad, como la dotación de vías que nos permitan competir con los TLC. Es claro que durante 2014 el gobierno de turno tendrá que impulsar otra reforma tributaria, buscando taponar la caída de 1% del PIB en el recaudo por cuenta del desmonte parcial del 4X1.000 y por el fin del “impo-patrimonio”; y, además, deberá buscar un incremento de otro 1% del PIB en recaudo para enfrentar sus crecientes gastos en seguridad social. Es entonces evidente que aun la supuesta fortaleza fiscal queda en entredicho, pues Colombia tan solo recauda el 14% del PIB frente a la media de 17% del PIB de América Latina.
En síntesis, las mejoras recientes en la calificación crediticia de Colombia no han sido un resultado de mayores ingresos estructurales, sino de “astringencia fiscal” que sacrifica la dotación de infraestructura pública. En el corto plazo, los recursos provenientes de la venta de Isagen ($4,5 billones) ayudarán a acelerar la infraestructura, lo cual debería pronto complementarse con una enajenación de otro 10% de Ecopetrol. No obstante, hacia el mediano plazo no existe alternativa diferente a la de “pagar por el desarrollo” a través de incrementar el recaudo fiscal hacia el mediano plazo en no menos de 2% del PIB. De esta manera Colombia podría acelerar su crecimiento de mediano plazo y lograr mayores ganancias en productividad multifactorial, tema que poco miran las calificadoras de riesgo en medio de su “miopía-PDI”.
