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Los mensajes de la comisión de gasto público

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A finales 2017, la Comisión de Gasto Público que se ocupó no solo de los problemas de gasto de mediano-largo plazo en materia de Eficiencia-Eficacia-Equidad Estatal (Ex4), sino que analizó y recomendó acciones en el frente tributario.

La Comisión se mostró preocupada por la brecha entre el bajo recaudo tributario, acercándose tan solo al 14% del PIB a nivel del Gobierno Central (GC), y un elevado gasto público inflexible a la baja del 19% del PIB. La brecha fiscal estructural es de 3% del PIB, suponiendo que los ingresos no tributarios continuarán aportando cerca de 2% del PIB.

Estabilizar la deuda del GC en 45% del PIB requiere generar un superávit primario no inferior al 0,5%-0,8% del PIB y en la actualidad se han tenido déficits primarios de 0,8%. Esto implica que la brecha para alcanzar dicha estabilidad es de no menos de 1,5%, lo cual requerirá trabajar en la dirección conjunta de incrementar el recaudo y reducir el gasto .

La Comisión advierte que resultaría perjudicial ahondar en los recortes, pues le restaría apoyo estatal al crecimiento productivo y soporte a las condiciones de vida de los más necesitados.

Tendencias del gasto público

Por cuenta de la Constitución, el gasto público saltó de representar el 8,5% del PIB en 1989 a cerca 17% en 2002 y casi 19% en 2016. Lo anterior se vio agravado por el “activismo judicial” de las Altas Cortes y por (añadimos nosotros) el llamado “flypaper effect” que ha causado que los territorios tengan una alta propensión al gasto operativo.

Infortunadamente, esa expansión no ha ido de la mano uno-a-uno con su eficacia en mejorar la dotación de bienes públicos y/o del bienestar social. Se ha progresado, pues la clase media logró expandirse y se ha mejorado en cobertura educativa y de salud. El problema es que todo este gasto se ha dado de forma desorganizada.

Así, las recomendaciones de la Comisión lucen apropiadas: i) consolidar recursos bajo “presupuestación por objetivos”; ii) impulsar una Ley de “clasificadores presupuestales’’; iii) el DNP debe evaluar el Ex4 de las “rentas de destinación específica” y el “gasto tributario” que generan las múltiples exenciones tributarias; iv) reformar el Estatuto Orgánico para permitir mejor focalización de esos recursos atados; v) eliminar la partición presupuestal de MHCP-operativo y DNP-inversión; y vi) crear un Consejo Fiscal Consultivo para asesorar de forma permanente el Ex4.

Sin embargo, otras recomendaciones no lucen tan novedosas, como la de poner un tope legal a las “vigencias futuras”. Tampoco compartimos eliminar el mecanismo de fiducias en el manejo de recursos públicos.

A nivel más detallado del gasto, nos han parecido pertinentes las siguientes recomendaciones: i) combatir la “nómina paralela”, así en apariencia la plantilla pública tan solo ascienda al 5% del total de empleados en Colombia; ii) fusionar la DAFP y la CNSC para dejar un único organismo de “la función pública”; iii) fortalecer los mecanismos de “compras públicas en bloque”; y iv) dar mejores instrumentos para la defensa de demandas al Estado.

Uno de los ausentes ha sido el sector justicia y su articulación con los organismos de control.

Salud

Aunque se ha progresado en arquitectura de aseguramiento y prestación de servicios (EPS-IPS), las presiones financieras van a continuar creciendo por cuenta de una Ley Estatutaria que no ha logrado poner orden a un desenfrenado gasto garantista.

Compartimos muchas de las recomendaciones en este frente, en particular las relacionadas con: i) mejoramiento de su presupuestación (GC + Territorios) para saber cómo se enfrentarán pagos pendientes del ADRES por cerca de $7 billones y del SGP (subsidiado), además de requerimientos de capital de las EPS-IPS por otros $7 billones; ii) sinceramiento de la UPC para garantizar la viabilidad de la prestación de los servicios; y iii) reducción significativa de la asignación del 60% de tareas a IPS-públicas en el régimen subsidiado.

Pensiones

Compartimos el diagnóstico, pero difícilmente podrá el próximo gobierno fincar sus esperanzas de reducción, pues las soluciones que se tomen solo rendirán frutos de ahorro fiscal de 2025 en adelante.

Destacamos las siguientes directrices: i) realizar ajustes paramétricos al Régimen de Prima Media de Colpensiones, elevando la edad de pensión y atándola a futuro a la esperanza de vida; ii) fortalecer la atención a los adultos mayores desvalidos de pensión a través de mayores asignaciones presupuestales al programa Colombia Mayor; y iii) gravar las pensiones altas.

Anif ha propuesto aplicar el esquema impositivo de renta, descontando de entrada el 12% destinado al pago de la salud, lo cual implica que tan solo pensiones superiores a $6 millones/mes serían gravadas con tasas que inician en 1%-3% y ascenderían hasta 9% para pensiones tope de $13 millones/mes.

Anif discrepa de la recomendación de la Comisión referente a pensar en incrementar en 2pp la contribución obligatoria, pues generará más informalidad y un agravamiento de la problemática conocida como “el impuesto puro”.

Esto implica que los ajustes deben hacerse más bien reduciendo las exageradas “tasas de reemplazo”; también discrepa de la idea de fortalecer los BEPs, pues ha sido un fracaso en materia de ahorro.

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