La transmisión crediticia: ...lo que aún no se ha entendido

El Gobierno ha dado a entender que lo que falta para que se transmita a los consumidores financieros la reducción de 125 pbs, que ha hecho el Banco de la República durante el último año (pasando de 7,5% a 6,25%), es “voluntad de los bancos” y que si ello se juntara con “credibilidad empresarial” entonces habría “repunte en Colombia”.

El Congreso, por su parte, ha diagnosticado que lo que falta es “mano dura regulatoria” para obligar a los bancos a bajar más rápidamente las tasas, por ejemplo, a través de modificar la fórmula de la tasa de usura (actualmente siendo 1,5 veces la tasa de referencia de préstamos bancarios).

Los propios banqueros han dicho que esa transmisión ya está ocurriendo, solo que va de forma lenta afectando primero las tasas de tarjetas de crédito (a través de la reducción de la tasa de usura bajo su actual fórmula). Y el Banco de la República (BR) ha terciado en el debate diciendo que sería inconveniente forzar por la vía regulatoria dicha baja en las tasas de interés y, además, que el rebote del sector real depende de forma crucial del ambiente de inversión, donde el Gobierno debe hacer esfuerzos por tornarla más amigable con los mercados internacionales y sostenible a través de reducir lo que Anif ha denominado “alta dependencia fiscal” por parte del esquema de “Inflación Objetivo” que enmarca el accionar del BR.

Dicho todo lo anterior, la verdad es que este debate todavía está dejando por fuera una pieza crucial del rompecabezas crediticio: nadie hace mención de la problemática que plantea la forma en que se están estructurando los créditos, especialmente los de los hogares (consumo e hipotecarios), pues ella no ayuda a una rápida transmisión de la política monetaria hacia la crediticia debido a que cerca de 80% de ellos se otorgan a tasa fija y no a tasa variable (es decir, atadas a los CDTs o al IBR).

Anif ha venido estudiando este tema recientemente y ha encontrado que mientras la transmisión de la política monetaria a la crediticia está ocurriendo con relativa prontitud en las carteras corporativas (cerca de 65% por del total), en el restante 35% que corresponde a los hogares ello no ocurre.  La razón para ello a favor del segmento corporativo es doble: i) el horizonte de los créditos corporativos promedia los 2 años; y ii) 80% de sus créditos se ha pactado a tasas variables (atadas al CDT o al IBR), de tal manera que cuando la reducción de la repo induce bajas en estos referentes (mostrando correlaciones históricas elevadas de 85%), entonces los deudores se benefician rápidamente.  Por contraste, la cartera de los hogares exhibe una “vida media” que se ha extendido de 2 hacia casi 5 años en los créditos de consumo durante la última centuria y, además, su contratación a tasa fija se modificó de 40% hacia el 80% antes referido.

¿Qué hacer a este respecto?  Lo primero que habría que decir es que ni el MinHacienda, ni la Superfinanciera, ni el BR, ni el Congreso deberían pensar en alterar las reglas del juego en este frente, pues ha sido el propio mercado, buscando precisamente mayor inclusión financiera y profundidad crediticia, la que optó por dichas “preferencias”.  De hecho, todos ellos se han vanagloriado de los éxitos alcanzados en la reducción del mercado extra-legal del “gota-a-gota” por cuenta de estarse generando una mayor holgura en el diferencial entre la tasa de usura y la tasa de mercado.

Esto es lo que en Anif hemos denominado la superación del “efecto murciélago” de la década pasada (ver gráfico adjunto), cuando el grueso de los bancos llevaban a la clientela a pagar el tope de usura en sus créditos de consumo y ahora lo que ocurre es que, gracias a la competencia, se ha generado un dinámico mercado crediticio que ha permitido no solo traer a los deudores de “Ciudad Bolívar” y de las “Comunas” (pagando 300% anual… o te rompo las piernas) a un mercado en que están pagando 30% anual (…y generando historial crediticio de formalidad laboral).