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El gobierno Duque ha venido coordinando una serie de acciones económico-sociales para enfrentar la grave pandemia desatada por el Covid-19. Han resultado acertadas las medidas sobre postergación del calendario escolar-universitario, cierre de fronteras y restricciones en la movilidad, incluyendo tanto pasajeros y transbordadores de carga. Son medidas drásticas, pero ineludibles frente a una problemática global nunca antes enfrentada por los mandatarios.
El MHCP y la Dian anunciaron flexibilización del calendario tributario, dada la seria problemática de caja que estarán afrontando las firmas, especialmente las Pyme. También se estaría agilizando la entrega y ampliación de subsidios a través de los programas de Familias en Acción y Adulto Mayor, en línea con las directrices del PND.
Sin embargo, la magnitud de estos subsidios pro-pobres continúa siendo limitada por cuenta de la estrechez fiscal, resultante del bajo recaudo estructural que ha tenido el país. En efecto, los programas de apoyo al bolsillo de estratos bajos tan solo ascenderán entonces a 0,9% del PIB (incluyendo aquí los subsidios de “Familias” de 0,3%, “Adulto” de 0,3% y el 0,3% correspondiente a gas-energía eléctrica). Pero para poder ampliar estos programas de forma más significativa se requería haber implementado años atrás la reforma pensional tendiente a acabar con la regresividad del grueso de los subsidios de Colpensiones. Recordemos que estos regresivos subsidios representan un 60% del 5% del PIB que se gastan allí anualmente, incluyendo allí las contribuciones que se deberían es estar ahorrando. Como esta reforma ha continuado dilatándose, pues seguiremos atrapados en esta mala calidad del gasto social en Colombia.
Complementando esas acciones fiscales, la Superfinanciera se movió en la dirección de aliviar la tensión de caja que enfrentan firmas y hogares. Para ello dispuso que los bancos podrán otorgar prorrogas en el servicio de la deuda y que los deudores no tendrán que abonar la porción a capital (por un período limitado). Esto no implicará entrar en reestructuraciones, pero solo están habilitadas deudas con moras inferiores a los 30 días.
También podrán los bancos aplicar la porción de provisiones (generales y contra-cíclicas) a enfrentar deterioros ulteriores de cartera. Infortunadamente, y tal como lo habíamos señalado, esta postración de la demanda por cuenta de la pandemia llega en momentos de alto endeudamiento de los hogares y a largos horizontes de 3-5 años. Esto implica que se aliviará el problema en el corto plazo, pero su solución requerirá medidas adicionales y muy prontas. Como es bien sabido, el desempleo urbano ha completado más de dos años promediando cerca del 11% y ahora tenderá a deteriorarse más, sin que se hubieran tomado correctivos estructurales.
Por contraste, el gobierno de los Estados Unidos anunció que estará asumiendo las cargas laborales de aquellos que resulten afectados por el virus, inicialmente por dos meses, y prorrogables hasta por seis meses. En Colombia no tenemos el margen fiscal ni siquiera para pensar en asumir los costos no-laborales (equivalentes al 50% de la nómina), mucho menos la totalidad de las cargas laborales.
Por último, el BR amplió sus cupos de ventanilla de forma significativa (a $20 billones) sabiendo que se viene una alta iliquidez debido a: i) freno en la facturación empresarial; ii) pérdida de riqueza financiera ante la desvalorización de los activos; y iii) drenaje de recursos causados por costos adicionales en el servicio de la deuda externa al enfrentar una tasa de cambio peso-dólar con devaluaciones del 25% en lo corrido del año (ver gráfico adjunto).
Si bien la flotación cambiaria ha sido un apropiado desfogue y el mecanismo de NDFs algo aliviará, la pronunciada devaluación acarreará mayores costos de importación y veremos mayor transmisión de costos hacia la canasta básica. Algunos proyectos de inversión a +US$4.000 / dólar empezarán a mostrar señales de inviabilidad; ¿Alguien está calculando cómo harán los contratistas de China para honrar la totalidad del riesgo cambiario relacionado con la construcción del metro de Bogotá, el cual estaba pronto a iniciarse?
El dilema del BR es profundo en lo referente al manejo cambiario y a las tasas de interés. En el frente cambiario es bien sabido que sus US$54.000 millones de RIN tan solo representan dos terceras partes del colchón requerido para enfrentar otro nuevo déficit externo arriba del 4% del PIB y el servicio de la deuda externa. Esto quiere decir que, a diferencia de lo que varios piensan, buena parte de la devaluación observada no se reversará, pues tiene un carácter estructural. Aun si los precios del petrolero lograran promediar US$45-50 en este complicado 2020, la brecha externa es monumental.
La alta devaluación y su impacto inflacionario ahora debe cotejarse con la marcada brecha-producto negativa que generará la pandemia (¿creceremos si quiera un 2% este año?). Dicho balance arrojará probablemente que el BR deba mantener su tasa repo de 4,25%, a pesar de que la Fed hubiera llevado su tasa a 0,25%. Y como bien lo han reconocido algunos co-directores del BR, este movimiento de la repo del BR también debe considerar factores de arbitraje financiero en momento en que los TES han sufrido un marcado deterioro de hasta +300 pbs en porciones de su curva.
En síntesis, las medidas socio-económicas de corto plazo han sido las adecuadas, pero esta pandemia nos aporreará con mayor deterioro en crecimiento y dejando cuentas externas-fiscales maltrechas. No resulta muy consolador decir que el paquete de emergencia del 1% del PIB se esté financiando con los colchones del FAE, Ecopetrol y Fonpet, pues todo ese des-ahorro será difícil de sobre-compensar con nuestra actual estructura fiscal y productiva tan poco competitiva.
