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El ambicioso programa de dotación de infraestructura vial del período 2016-2022 ha sido uno de los grandes aciertos de la administración Santos I y II, conocido como las obras de Cuarta Generación Vial (4G). Como es sabido, dicho programa asciende a cerca de unos $60 billones, equivalentes a US$20.000 millones. Sin embargo, su impacto económico sobre el PIB-real no estará distribuido de manera uniforme a lo largo de dicho período.
En efecto, durante los años 2010-2014, la administración Santos I tuvo que rediseñar y afinar el marco jurídico para hacer un “cambio extremo” del desgreñado Inco (2003-2010) hacia la moderna y tecnocrática Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Por eso es que ha tomado tanto tiempo el inicio en firme de las obras 4G, las cuales, en realidad, solo estarán moviendo “tierra y volquetas” en estos inicios de 2016, alcanzando su pico en 2018-2020.
Dicha ANI también se acompaña de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), creada en 2011 (Decreto-Ley 4174 de 2011). La FDN tiene como misión conseguir y estructurar financieramente los proyectos, mientras que la ANI se focaliza en la ingeniería, pero incluyendo la “tramitomanía” que implica adquirir los predios por donde irán las vías, la obtención de las licencias ambientales y las negociaciones con las comunidades. Buena parte de estas tareas se ha venido agilizando gracias a la expedición de la Ley 1682 de 2013, aunque prevalecen obstáculos en lo referente a las “negociaciones” con las comunidades.
Dadas las dificultades presupuestales del período 2015-2017, resultaba fundamental (como afortunadamente ocurrió) que se le inyectaran los recursos de la privatización de Isagen ($6,5 billones) a la capitalización de la FDN. Sin embargo, la opinión pública tiene la errada idea de que estos programas 4G le permitirán a la economía colombiana empezar a crecer, casi de forma inmediata, a tasas de 5% o de 6% por año. Lo primero que cabe aclarar es que la crisis minero-energética del período 2014-2017 estará ocasionando una desaceleración en el potencial de crecimiento de nuestro PIB-real, pasando del histórico 4,5% a cerca del 3,5% por año. Esto quiere decir que buena parte de los impulsos de inversión provenientes de las 4G se estará destinando a “recuperar” parte de ese potencial. Dicho de otra manera, lo más probable es que la economía colombiana tan solo logrará acelerar el crecimiento de 3,5% del período 2015-2017 hacia el histórico de 4,5% por año durante el período 2018-2020 gracias a dicho impulso de las 4G.
De hecho, los cálculos de Anif sugieren que dicha primera ola estaría generando un crecimiento adicional del PIB-real cercano a 0,2% por año durante 2016-2020. Esto implica que si el total de las 4G (incluyendo la segunda y la tercera ola) aportara una aceleración del PIB-real del orden de 0,5% anual, la primera ola sería responsable de 40% de dicha aceleración (= 0,2/0,5).
Si bien esta es una cifra importante, ella no alcanzaría a compensar totalmente la desaceleración de 0,5% o hasta de 1% que estaría causando sobre el crecimiento potencial el fin del auge minero-energético del período 2015-2017, antes comentado. Nótese cómo dicho efecto compensatorio de las obras 4G sería incluso menor, dado el secamiento de la tercera ola de proyectos (ejecutándose ahora solo $2 billones de $11 billones inicialmente presupuestados).
Dicho efecto de la primera ola sobre el PIB-real (+0,2%) estaría dividido en 0,12% de efecto directo y 0,06% de efecto indirecto. Estos últimos estarían en cabeza de: i) el comercio (con crecimientos adicionales de +0,26%); ii) la industria (+0,13%), incluyendo las variaciones en los subsectores de refinados del petróleo (+0,3%), maquinaria (+0,54%) y minerales no metálicos (+0,96%); iii) la intermediación financiera (+0,13%); y iv) los servicios empresariales (+0,26%), capturando todas las actividades complementarias de ingeniería-consultoría y de alquiler de maquinaria.
