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Por décadas pensamos que la forma caótica como se conducen los vehículos automotores en Colombia radicaba en la doble problemática de desorganización institucional del sector, de una parte, y la pobre educación sobre conducción de vehículos, de otra parte. A pesar de progresos importantes en la “institucionalidad” del sector transporte (creándose un viceministerio para tal fin, según Decretos 087 y 088 de 2011), la forma en que se desenvuelve el transporte terrestre en Colombia continúa siendo caótica, con elevado tiempo improductivo y, sobre todo, con alta accidentalidad y mortalidad.
No es gratuito que Bogotá, por ejemplo, figure actualmente entre las ciudades con el peor tráfico del mundo (32% del tiempo vehicular en “trancones”) y, por lo tanto, causando alta polución (ver http://fortune.com/2018/02/06/most-congested-cities-worst-traffic/).
Además, la accidentalidad vehicular en Colombia afecta a unas 40.000 personas/año y ella implica el fallecimiento de unas 6.500 personas/año, equivalentes a tasas de homicidios vehiculares (no intencionales) de 13 por cada 100.000 habitantes frente a tasas de 8 observadas en Chile. Sin embargo, estas cifras son similares a la tasa de 12 observada en fallecimientos en accidentes de tránsito en Estados Unidos (en parte, dadas las altas velocidades alcanzadas en sus autopistas), ver gráfico adjunto.
La principal falla en la “institucionalidad” vehicular en Colombia tiene que ver con la ausencia de adecuados controles y sanciones a quienes violan permanentemente el código de tránsito. Para empezar, las llamadas “escuelas de conducción” dejan mucho que desear en su calidad pedagógica y preventiva. Si bien algo se ha progresado, todavía se tiene una fuerte oposición a la utilización de mecanismos modernos de control a través de fotomultas y, recientemente, la “inseguridad jurídica” se ha manifestado a través de poner en duda la responsabilidad última en cabeza de los propietarios de los vehículos frente a las sanciones. En Colombia, la única forma efectiva de hacer cumplir la ley vehicular es responsabilizando a los propietarios de los vehículos, pues difícilmente los conductores terminarán en la cárcel, aun si transitan con pases falsos o no pagan sus multas. Este enfoque tiene la ventaja de responsabilizar directamente a “la empresa” de transporte, lo cual debe generar incentivos para que ella misma se asegure de monitorearlos de forma efectiva.