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Financiamiento público del 2020: ¿todo claro?

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Sergio Clavijo - anif@anif.com Prof. Universidad de los Andes

El MHCP reveló recientemente que se había cumplido su objetivo de reducir el déficit del Gobierno Central (GC) al 2,5% del PIB en el 2019. A primera vista esta cifra luce loable, si se tiene en cuenta que el Comité de la Regla fiscal le había dado la holgura de llegar hasta un déficit de 2,7% de PIB (aduciéndose un choque de gasto adicional de +0,5% del PIB por cuenta de los inmigrantes venezolanos).

Si bien con ello se continúa la aparente reducción del déficit del GC, bajando desde 4% del PIB en el 2016, es menester considerar la “contabilidad creativa” que se usa para llegar a tal resultado. La discrepancia más abrumadora respecto de la contabilidad-ortodoxa tiene que ver con la omisión de no haber incluido como gasto (así sea atrasado) cerca de 1% del PIB que se le giró al Adres (en TES) para atender los graves atrasos en las cuentas de la salud.

Cualquier economista financiero con principios de “costo de oportunidad” concuerda con el PND 2018-2022 sobre las bondades de pagar esas cuentas atrasadas de la salud, evitando que: i) el Estado incurra en tasas de interés de mora elevadas, y ii) que se afecte negativamente el funcionamiento del sector salud (EPS-IPS). Sin embargo, esto no es óbice para reconocer la mayor carga fiscal que todo esto implica sobre el stock de la deuda pública del GC; de hecho, esta ha continuado con su persistente ritmo de incremento al escalar ahora hacia 51,2% del PIB al cierre de 2019 (un incremento de +16 puntos del PIB desde 2012).

El propio plan financiero explica (y en esto cabe aplaudir la transparencia del MHCP) que la relación Deuda Bruta GC/PIB habría podido llegar al 52,3% al cierre del 2019 de haberse pagado también las demandas judiciales por 0,8% del PIB y las deudas con el sector energético (Electricaribe) por 0,2% del PIB, lo cual seguramente ocurrirá en 2020. Ese más o menos era nuestro pronóstico de trayectoria de la deuda pública una vez conocimos lo aprobado en PND (sin tener en cuenta obviamente la corrección bajista en 0,8% del PIB proveniente de una depuración de las cargas pendientes).

Todo lo anterior implica que la Regla Fiscal, que dice haberse cumplido, no está mirando lo esencial en materia pública; esto es, precisamente la sostenibilidad de ese stock de la deuda y el balance primario superavitario requerido para ello. Colombia está en mora, como sí lo hizo años atrás Perú, de sincerar su Regla Fiscal y enfocarla en la trayectoria de la deuda pública y no en “brecha-producto-petróleo” que poco sirven para entender los desafíos a mano.

Por último, el discurso reciente del MHCP ha ido cambiando favorablemente hacia los objetivos arriba señalados, fijándose metas de superávit primario. Si bien cabe aplaudir que en el 2019 se tuviera el primer balance primario positivo (+0,5% del PIB) y que se anuncie una cifra similar para 2020, la composición del mismo arroja muchas dudas sobre su sostenibilidad. Recordemos que los “recursos de capital”, que complementaron la buena tributación de 14,3 % del PIB (+0,4% frente al 2018), corresponde a las utilidades extraordinarias que tuvieron el BR y Ecopetrol en 2019, elevando esos recursos a 2% del PIB (con un delta de +0,8% del PIB frente al 2018). Lo anterior significa que de no haberse echado mano de esos recursos extraordinarios de +0,8% del PIB no se habría registrado el tal superávit primario de +0,5% del PIB en el 2019 (se habría tenido un déficit primario de -0,3% del PIB).

Por todo lo anterior, el financiamiento público del 2020 difícilmente puede catalogarse como de tranquilizador. Los desafíos son múltiples en el lado de los ingresos: i) el propio Gobierno lo pronostica estancado en 14,3% del PIB, ya que ese incremento del +10% nominal que arrojó la mayor tributación de los hogares empezará a ser drenada por las perforaciones tributarias en el imporrenta empresarial y las innecesarias concesiones en materia de IVA (Ley 2010 del 2019); y ii) contabilizan nuevamente 2% del PIB de aportes extraordinarios de Banco de la República, Ecopetrol y privatizaciones no detalladas.

Y, por el lado del gasto, la inversión pública en capital fijo continúa postrada en 1,2% del PIB, mientras el gasto operativo y de transferencia crece a ritmos del 4% real y con mayores cargas burocráticas en ministerios y organismos de control. Seguramente el FMI y las calificadoras concluirán que, a pesar del deterioro en la deuda pública de Colombia, la región anda peor. Pero es claro que con los males ajenos no se arreglan los problemas locales; estos debemos corregirlos a tiempo precisamente para evitar terminar como los vecinos.

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