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Los niveles de pobreza absoluta e indigencia en Colombia han venido mostrando satisfactorios descensos durante la Administración Santos I-II (2010-2018). Por ejemplo, los datos más recientes señalan que la pobreza absoluta en el país descendió de 37,2% de la población (16,5 millones de colombianos) al inicio de la década hacia 28% (13,3 millones de colombianos) en 2016.
Sin embargo, Anif ve con algo de preocupación que, durante los años 2017-2018, la desaceleración económica hacia 2% de crecimiento y la amenaza de la inflación desbordando el 3% anual (rango medio de la meta del Banco de la República) puedan frenar estos significativos avances en la lucha contra la pobreza.
Es claro que, en buena medida, esos favorables resultados en la lucha contra la pobreza provienen más del auge minero energético del período 2010-2014, que de cambios significativos en las políticas públicas anti-pobreza (cuyas asignaciones aún no logran la focalización requerida, ni los niveles presupuestales adecuados).
En efecto, el auge de 2010-2014 mostró efectos cascada favorables anti-pobreza, incluyendo los años 2015-2016, pero durante 2017-2018 es probable que se observe un deterioro debido a: i) reducción del potencial de crecimiento de 4,5% hacia solo 3% y, de hecho, desempeños probablemente más cercanos a 2% anual; ii) incremento del desempleo promedio, pasando de 8,9% hacia 9,5%; iii) alzas de la inflación de 3% hacia promedios de 4% anual; iv) recortes presupuestales, donde Familias en Acción todavía maneja presupuestos de solo 0,1% del PIB, frente a un promedio regional cercano a 0,5% del PIB (por ejemplo, en Bolivia esa asignación es de 1% del PIB).
Todos estos factores han empezado a incidir negativamente en la capacidad adquisitiva de los hogares. Así, la pobreza absoluta aumentó 0,2 puntos porcentuales (pps) durante el último año (2016), alcanzando niveles de 28% de la población (ver gráfico).
De forma similar, los niveles de indigencia también se elevaron en +0,6pps en 2016, llegando a 8,5% de la población (4 millones de colombianos).
La reducción de la pobreza en Colombia de las últimas décadas se inscribe dentro de una tendencia global similar. Por ejemplo, el número de personas que viven en pobreza absoluta ha caído de 42% a 10,7% durante las últimas cuatro décadas (con corte al 2013, último dato disponible). Sin embargo, la zona de África Subsahariana sigue con un rezago enorme. Actualmente, allí vive más de la mitad de las personas bajo pobreza extrema (385 millones de personas).
Las perspectivas no son muy esperanzadoras debido a: i) bajo crecimiento económico de esa región, acompañado de elevada expansión demográfica; ii) debilidad institucional, y iii) carencia de recursos naturales (ver The Economist, “Fewer but still with us”, abril 1 de 2017).
América Latina ha mostrado más voluntad presupuestal en su lucha anti-pobreza. Por ejemplo, mientras que India ha venido asignando 0,7% del PIB a sus programas anti-pobreza, Brasil alcanzaba 2,4% del PIB (aunque ahora se ha venido a saber que muchos de estos subsidios, en realidad, terminaban en manos de la clase media baja, en programas poco focalizados en anti-pobreza).
Colombia, por su parte, ha aumentado su gasto público con “tinte social” de 7,1% del PIB en 2002 hasta bordear casi 10% del PIB en 2016. No obstante, de forma similar a lo que ocurre en Brasil, el grueso de esos subsidios tiene efectos regresivos (tipo Hood-Robin), donde el caso de las pensiones explica cerca de 40% de dicho “gasto social”. (Ver Informe Semanal No. 1330 de agosto de 2016)
No es casual que la guía del “gasto social” a través del Sisben muestre actualmente cerca de unos 34 millones de inscritos, cuando el total de pobres en Colombia no supera 13 millones (tal como lo hemos ya explicado). Si bien se han hecho esfuerzos por depurar el Sisben, la velocidad con la cual ello ocurre es verdaderamente pasmosa (tomó casi un año expedir el Decreto para poder dar de baja los difuntos que estaban “durmiendo el sueño eterno” inscritos en el Sisben. (Ver Comentario Económico del Día 14 de junio del 2017)
Durante el pos-conflicto (2017-2025) se estarán requiriendo recursos adicionales anti-pobreza, especialmente a través de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), ver Comentario Económico del Día 29 de junio de 2015.
Dicha ACR ha venido apoyando a cerca de 60.000 desmovilizados durante 2002-2016, sin incluir aún los 17.500 guerrilleros y personal de apoyo de las Farc. El problema estructural radica en que la baja presión tributaria (tan solo 14% del PIB) y la pérdida cuasi-permanente de ingresos petroleros (por cerca de 2% del PIB) harán muy difícil allegar nuevos recursos para estos programas sociales.
