Analistas

Del teatro de la guerra a la paz

El sorpresivo fracaso en la refrendación de los llamados “Acuerdos de la Habana”, tras el resultado del plebiscito del pasado 2 de octubre, nos ha puesto a reflexionar sobre lo que ha sido este prolongado proceso de negociación de cuatro años (2012-2016) entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc (la más vieja en armas del mundo… 52 años de conflicto, pero sin nunca lograrlo escalar ni a una guerra civil, ni a una verdadera amenaza de toma del poder por vía de las armas).

La primera implicación del triunfo del No en dicho plebiscito es un llamado a un dialogo más inclusivo por parte del Gobierno frente a la oposición. Dicha oposición (a lo que se venía negociando) no se refiere únicamente al partido del Centro Democrático de Uribe, sino a un significativo cúmulo de votantes de las zonas de conflicto que expresaron que nos les parecía un arreglo suficientemente “justo” debido a los “laxos castigos” para la cúpula y automática-amplia participación en política por parte de esos dirigentes.  

Seguramente el grueso de los votantes por el No (50,3%) desconocía toda otra seria de anomalías de tipo jurídico y procedimentales que ahora saldrán a la palestra. Varios de los que conocíamos algunas de esas anomalías (conocidas como “tragarse sapos”) estábamos abogando por un triunfo del Sí, pero estrecho, para que no pensaran negociadores y Farc que se les estaba extendiendo “un cheque en blanco” para seguir profundizando tales manoseos de la Constitución.

La nueva etapa de negociación que se ha abierto a partir de octubre del 2016 encontrará serios obstáculos jurídicos locales e internacionales (dado que es la primera negociación de paz que debe plegarse al Tratado de Roma que impone sanciones a crímenes de lesa humanidad a través de la Corte Penal Internacional). Paradójicamente, la solución que está planteando un ala del No es la convocatoria a una Constituyente, pero no de la estirpe que se imaginaban las Farc para “cambiar hacia el socialismo el modo de producción de Colombia” y mucho menos con la elevada representación a que aspiraban las Farc. No, se trata de una Constituyente acotada al “blindaje” jurídico que requiere la desmovilización, entrega de armas, dejación del narcotráfico, reparación de víctimas y términos de castigo para la cúpula de las Farc.  

Más aun, la participación en dicha Constituyente-Acotada, al tema de la desmovilización, tan solo debería habilitarse a las fuerzas políticas hoy representadas en el Congreso de la República; de ninguna manera deberían participar las Farc en dichas decisiones (pues ellos son una de las partes beneficiadas). De hecho, ya conocemos sus aspiraciones en las casi 300 páginas del acuerdo (su voz ya fue escuchada), pero las decisiones les corresponden a las fuerzas vivas del Congreso.

Este camino evitaría continuar con el “manoseo” de la Constitución que se inventó la Administración Santos y la Corte Constitucional “de bolsillo” a través de un supuesto Tratado Internacional Humanitario (hasta hoy inexistente explícitamente en Colombia).  

Como lo mencionábamos, la solución al impasse del No en el plebiscito pasa por una convocatoria a una Constituyente acotada a los temas de la desmovilización y la llamada “justicia transicional” (antes comentadas). Es probable que dicha Constituyente decida que la participación política de los desmovilizados es esencial para su reinserción (pero no necesariamente de quienes delinquieron, hasta tanto no solucionen plenamente sus temas pendientes con la justicia).  

Si algunos paramilitares pagaron cárcel hasta de nueve años, la vara del castigo se ha puesto alta y la Corte Penal Internacional está atenta a ver cómo ello se resuelve. En fin, son muchos los temas que deben ventilarse abiertamente frente a la ciudadanía y la mejor forma es empoderando las fuerzas vivas del Congreso a través de una Constituyente-Acotada a la desmovilización y sus temas afines, no con la intención de replantear el modelo de producción, ni siquiera en las zonas del conflicto.