Baja cobertura pensional y ancianos indigentes en Colombia

En 1870, Otto von Bismark instauró una verdadera “revolución conservadora” a través de dar los primeros pasos hacia el Estado de Bienestar que surgiría en todo el mundo desarrollado durante el siglo XX. La forma de hacerlo fue a través de obligar (por vía Constitucional y de las leyes) a los trabajadores y a las firmas a cotizar una porción de los sueldos como aportes a la sostenibilidad de cobertura en los servicios de salud y en pensiones de retiro.

Particularmente en Europa, ese Estado de bienestar ha sido un gran éxito, logrando la expansión de la clase media y asegurando que en su vejez se tenga calidad de vida, con esperanzas de vida al nacer que ya bordean los 80 años (casi 25 años adicionales respecto de lo que pensaba Bismark).

Sin embargo, si Bismark hoy viera la situación de abandono que enfrenta la población en edad de pensión (mayores de 57/62 años Mujer/Hombre) sentiría que su mensaje... no alcanzo a llegar al trópico macondiano de Colombia. Actualmente existen cerca de 5,5 millones de personas en edad de pensión y tan solo uno de cada cuatro recibe pensión de Colpensiones (1,4 millones, bajo un sistema público de reparto, con inequitativos subsidios) o de las AFPs (200.000 personas, bajo un sistema equitativo, pero aún joven y que enfrenta el arbitraje regulatorio de los subsidios del sistema público).

En el gráfico adjunto se ve que 2,1 millones de adultos mayores enfrentan riesgo de indigencia, pues no reciben ningún tipo de apoyo y otros 1,9 millones son atendidos de manera precaria a través del programa Colombia Mayor. El drama del adulto mayor en Colombia se agravará, pues aunque la población no estará creciendo durante 2020-2050, los mayores en edad de pensión lo harán a ritmos de 3% anual, alcanzando un total de 15,2 millones de personas dentro de 30 años. De no actuarse de forma decidida para alterar el estatus-quo, entonces cerca de 7 millones de ancianos estarán totalmente desamparados y 3,2 millones tendrán tan solo apoyos marginales del Estado para el año 2050.

En vez de impulsar reformas estructurales, los gobiernos Uribe I-II y Santos I-II optaron por impulsar los sistemas asistencialistas en Colombia. Si bien el programa Colombia Mayor ha venido avanzando, aún presenta desafíos en los frentes de: i) cobertura, pues actualmente beneficia a cerca de 1,5 millones de adultos mayores, lo cual es equivalente a solo 65% de la población en situación de necesidad en los estratos más bajos, y ii) montos transferidos, debido a que el subsidio recibido se ubica por debajo de la línea de pobreza, pues equivale tan solo a cerca de 5%-15% del SML ($40.000/$737.700 o $75.000/$737.700 por mes), dependiendo del municipio.

Otro de los programas asistencialistas que se ha convertido en un “distractor de moda” de la problemática estructural ha sido el de los BEPs. Dichos BEPs, creados por el Acto Legislativo 01 de 2005 y reglamentados por el Conpes No. 156 de 2012, buscan promover ahorro adicional en los estratos bajos (Sisbén 1-3). Esto con el fin de eventualmente llevarlos a alcanzar los requerimientos mínimos de pensión (1.300 semanas en el RPM y 1.150 semanas o cerca de $199 millones en el RAIS) o simplemente poderles entregar sumas no vitalicias con subsidios hasta de 20% (en un pasado se habló de subsidios hasta de 40%). La principal “innovación” de dichos BEPs es que las sumas entregadas podrán ser dineros inferiores a 100% de 1SML, superando así limitantes constitucionales en este frente.

Las cifras disponibles nos indican que se han inscrito a dicho programa 560.000 personas, pero, en realidad, ahorradores solo han sido 114.000 (20% del total). Más aún, los montos ahorrados dejan mucho que desear, pues el total tan solo asciende a $16.000 millones, lo cual implica ahorros de $12.000/mes/persona. Este programa de BEPs actualmente no pasaría los criterios mínimos de costo/beneficio, luego en este frente también se requieren cambios profundos en su enfoque, siendo más productivo habilitar esquemas de “hipotecas reversibles”.