Nuestro gran flagelo

En la opinión pública ha venido ganando cabida el debate sobre la situación actual de la corrupción en Colombia. No solo en el Congreso se han discutido políticas que buscan reducir nuestros niveles de corrupción, sino que en buena hora la sociedad ha empezado a ponderar más esta variable dentro de nuestros limitantes en materia de desarrollo.

No obstante, de cara a estos debates resulta desde luego crucial diferenciar entre la percepción de corrupción, que responde esencialmente a la opinión, y la verdadera capacidad para combatirla, que recae sobre las instituciones y responde a los instrumentos que estas tienen para controlar actos corruptos.

Transparencia Internacional publicó, a inicios de este año, los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción para 2018, que clasifica a los países de acuerdo a los niveles de corrupción del sector público que perciben expertos y directivos del sector privado. Colombia, de forma poco sorpresiva, ocupó el puesto 99 entre 180 países, obteniendo solo 36 puntos en una escala de 100 puntos, por debajo del promedio de América Latina, que se ubica en 42. Aunque el país supera los resultados de Brasil, Perú y México, ha perdido 17 posiciones en los últimos tres años, un hecho que sin duda debe llamar la atención de las instituciones para combatir este flagelo.

Estas alarmas se han vuelto a prender con la reciente divulgación del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, un esfuerzo conjunto entre Americas Society/Council of the Americas y Control Risks, y cuyo fin ha sido el de evidenciar, más allá de la percepción de este flagelo, la capacidad de los países latinoamericanos para revelar, castigar y detener la corrupción.

Si bien este indicador no tiene la misma cobertura que el de Transparencia Internacional, los resultados para Colombia son inquietantes. El país es el tercero en América Latina con la mejor capacidad para combatir la corrupción, antecedido por Brasil y Chile, quien encabeza el escalafón.

Una mirada a los distintos frentes que componen el índice muestra unos resultados contrastantes. A pesar de poseer niveles relativamente altos en acceso a la información y lucha contra el crimen de cuello blanco, persisten retos asociados a establecer reglas claras para mantener la independencia de las instituciones investigadoras y la protección a los organismos fiscales ante posibles politizaciones. En sus resultados, el Índice resalta cuestiones claves a monitorear como el proceso de elección del nuevo Fiscal General y el avance de las distintas iniciativas anticorrupción presentadas ante el Congreso de la República, de las cuales ya varias han sido descartadas.

En buena hora el presidente Iván Duque anunció que radicará en la próxima legislatura un nuevo proyecto anticorrupción con mensaje de urgencia. El país necesita una discusión seria, técnica y libre de afanes de protagonismo, que permita consensos para avanzar en temas tan importantes como la ampliación en el uso de pliegos tipo, la obligatoriedad en la rendición de cuentas, las mejoras en la divulgación de conflictos de interés, el desarrollo de mecanismos rápidos de extinción de dómino y tantos otros, que permitirían un importante fortalecimiento institucional.

Este cambio no solo significaría una mejora importante en el funcionamiento de nuestros mercados, sino que nos permitiría un importante salto en competitividad que nos haría mucho más atractivos a los ojos de los inversionistas internacionales.