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Existe un relativo consenso en cuanto al papel del microcrédito en el desarrollo económico. Pocos ponen hoy en duda que es uno de los instrumentos más importantes con los que cuenta un país para reducir la pobreza y materializar su potencial productivo. Es, en realidad, el mejor vehículo del capital semilla para la mayoría de empresas nacientes. Permite, en la mayoría de los casos, dinamizar el crecimiento de las pequeñas empresas y mitigar el efecto de muchos de los choques económicos y sociales que afectan a la población de menores ingresos. Pero también es cierto que en momentos de incertidumbre y de moderación de la actividad productiva, este tipo de créditos suelen experimentar importantes deterioros, lo que amenaza la materialización de sus beneficios productivos y sociales.
El país, sin embargo, ha venido siendo consciente de la importancia del microcrédito y de allí que haya adoptado un conjunto de ajustes al marco regulatorio. Cabe destacar, por ejemplo, la expedición del Decreto 519/07 que certificó una tasa independiente para esta modalidad, así como el Decreto 3590/10, que cambió la metodología del cálculo del interés bancario corriente, una reglamentación que no sólo permitió una sana y significativa expansión del microcrédito, sino que redujo muchas de las vulnerabilidades asociadas a los ciclos económicos.
Hay que señalar que, al igual que el sector público, la banca ha implementado medidas a favor del desarrollo de esta modalidad de crédito, entre las que se destaca el perfeccionamiento en sus políticas de otorgamiento de recursos. Esto, sin duda, arroja un dividendo social significativo en la medida que el tamaño promedio del crédito luce relativamente pequeño de acuerdo con los estándares internacionales y presenta, con base en un estudio reciente de la Asociación Bancaria, una distribución territorial más equitativa que la que se deriva de la distribución del producto interno bruto, lo que evidencia su inherente capacidad redistributiva.
De hecho, a pesar de la alta informalidad en el microempresariado colombiano, las estrategias comerciales de los bancos y los cambios regulatorios han permitido el desarrollo del microcrédito a tal punto que hoy en día existen casi 1,9 millones de personas naturales y más de 8 mil firmas con un microcrédito en el país. Incluso, sólo el 8% de los microestablecimientos en Colombia afirma tener como principal problema la falta de crédito, y apenas el 7,5% ha admitido que las tasas de interés en Colombia son altas. Luce también positivo el hecho de que, de acuerdo con la última encuesta de microestablecimientos del Dane, de 35% de los microestablecimientos que solicitó un crédito en el último año, el 95% efectivamente lo obtuvo. Las tasas de interés del microcrédito también se han estabilizado en un promedio de 34,8%, más de 17 puntos porcentuales por debajo de la tasa permitida. La calidad de cartera, en este escenario, ha mejorado en los últimos meses, revirtiendo la tendencia que venía mostrando este producto.
Por ello, a pesar de los notables avances, la reciente disminución que ha experimentado esta cartera en lo corrido de 2015, resultado de su carácter pro cíclico, debe plantear la necesidad de realizar un seguimiento atento a los indicadores de calidad para atender cualquier señal de deterioro. Dentro de los retos pendientes, surge la necesidad de profundizar los esfuerzos por la formalización del tejido microempresarial del país y caracterizar de mejor forma al microempresariado. Resulta imperativo, para este propósito, la adopción del criterio de nivel de ventas en la clasificación de las Mipymes mediante la efectiva reglamentación de las leyes 1151 de 2007 y 1450 de 2011.
Resulta igualmente fundamental evitar una regulación anti técnica del microcrédito que plantee, por ejemplo, un porcentaje obligatorio de colocación por parte de los establecimientos bancarios en este producto. En un escenario de desaceleración económica este tipo de iniciativas, aunque bien intencionadas, podrían generar distorsiones que terminarían afectando a la población más vulnerable, uno de los focos para la dinamización del mercado de microcrédito en el país.