¡Ya es hora!

Aunque era bien sabido que la llegada del covid-19 a nuestro país y las consecuentes medidas de confinamiento pasarían factura a nuestra economía en términos de producción y empleo, la magnitud del deterioro de los principales indicadores del mercado laboral durante los últimos dos meses ha sobrepasado las expectativas de los analistas y pone en evidencia el complejo panorama que vive el país en materia económica.

Los resultados de marzo fueron una primera muestra de lo que podría ocurrir en los meses posteriores. En efecto, aunque la cuarentena se decretó en la última semana de marzo, este corto periodo bastó para trastocar la dinámica productiva del país y ocasionar una pérdida de aproximadamente 1,5 millones de empleos.

Entretanto, los datos recientemente publicados por el Dane para abril fueron aún más desalentadores, toda vez que se registró una destrucción de 5,4 millones de empleos para ese mes, de los cuales cerca de 2 millones se presentaron en el sector industrial y el comercio. Esta significativa reducción en el número de ocupados, que resultó muy superior a la esperada por analistas, no tiene precedentes en nuestra historia.

El desempleo, en este escenario, alcanzó 19,8%, una cifra que, aunque alta respecto a años anteriores, no incorpora el hecho de que hoy existen cerca de 4.3 millones de personas que están categorizadas como inactivas, más no como desocupadas. De allí se desprende que en los próximos meses una gran parte de esta población inactiva, ante el agotamiento de sus ahorros y el relajamiento de las medidas de confinamiento, empezará a realizar una búsqueda activa de empleo, lo que presionaría al alza a la tasa de desocupación.

Estos resultados también dejaron ver que las medidas de confinamiento han afectado de una manera más acentuada a las mujeres (cuya tasa de desempleo ascendió a 23,5%), una tendencia que, de mantenerse, tendrá consecuencias significativas sobre la desigualdad, la pobreza y la equidad de género.

Según los analistas, es posible que para mayo el mercado laboral colombiano continúe en esta senda de deterioro, pese a los loables esfuerzos tanto del Gobierno Nacional como del Banco de la República por mitigar, a través de todos los instrumentos de política a su alcance, los efectos negativos de la crisis económica y sanitaria.

Ante este panorama, es claro que políticas indefinidas de aislamiento social obligatorio resultan insostenibles para cualquier economía y, particularmente, para una emergente como la colombiana. Por tanto, la coyuntura actual, que puede ser la más compleja que haya vivido el país, exige un retorno más acelerado a la normalización de las actividades, de tal manera que los segmentos más vulnerables de la población no se vean abocados al desempleo estructural ni vean sus ingresos reducirse en una mayor magnitud.

Los gobernantes locales y el Gobierno Nacional tendrán también que llegar a consensos en aras de implementar las políticas de reactivación de una manera efectiva y evitar el envío de mensajes confusos a la población, que solo exacerban la incertidumbre que viven día a día los hogares y empresas.

Hoy la sociedad ha podido ya interiorizar que los protocolos de seguridad y el cuidado solidario y responsable no es de exclusiva responsabilidad del Gobierno, es de todos y cada uno de los ciudadanos. Quizás nos tardamos en darle celeridad a la activación del aparato producto, pero ya es hora… ¡es mucho lo que está en juego!

Resultará también fundamental que el país empiece a dar un debate con argumentos técnicos sobre los obstáculos que enfrenta la formalización laboral, toda vez que los avances que se habían dado en los últimos años en esta materia se encuentran en riesgo. Hoy, más que nunca, resulta necesaria una discusión sincera y responsable sobre el futuro del mercado laboral, un pilar sine-qua-non para la estabilidad económica y social del país.