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Analistas 22/07/2021

Reforma tributaria temporal

Santiago Castro
Expresidente de Asobancaria

Desde que tengo memoria, todo gobierno que presenta una reforma tributaria, insiste en que se trata de un cambio estructural en las finanzas públicas. Por lo menos, en esta ocasión, han sido mas francos y reconocen que lo que se busca es “el mayor recaudo de los últimos años” en palabras del ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. No es para menos. Las afugias para encontrar recursos frescos eran apremiantes, toda vez que, tras la pandemia y los paros, financiar la continuidad de diversos programas sociales, nuevos y/o ampliados, era ya un imperativo.

Esta iniciativa recoge el fracaso de la anterior, retirada por el gobierno, y se blinda políticamente con un consenso que parece asegurarle un trámite exitoso en el Congreso. Pero como muchos resultados producto del consenso, aquí se llega al mínimo común denominador, o sea, un esfuerzo que se queda corto en su alcance y profundidad, dejándole buena parte de la tarea al próximo gobierno. Aun así, en su defensa, creo que el margen de maniobra político no le dejaba muchas alternativas al Gobierno Duque. Lo que sí se pudo haberse evitado es darle una excusa a quienes ya planeaban incendiar el país por unos impuestos que no les tocaría pagar. Al final nos quedamos en el peor de los mundos, con los bloqueos violentos y vandálicos, y sin el grado de inversión.

Miremos ahora el contenido de la reforma, donde 69% del recaudo provendría de impuestos a empresas, que es precisamente en la dirección contraria adonde debíamos estar caminando. Incluye también la perla de la sobretasa de renta al sector financiero, que no solo es una aberración antitécnica, sino que trasladará esos costos al consumidor, afectando de paso la inclusión financiera. El incremento a 35% en el gravamen a las empresas, aunque aceptado por el sector privado, nos aleja más de una posición de competitividad tributaria en el hemisferio, ni que hablar dentro de la Ocde. Pero de nuevo, se trataba de lo posible y no lo deseable.

Pero vamos a los otros dos grandes componentes del recaudo esperado de $15,2 billones, que es fortalecimiento de la Dian por $2,7 billones, y austeridad en el gasto por $1,9 billones. Aquí es donde me entra la preocupación. No tengo dudas que la Dian ha hecho grandes avances en los últimos años, pero un esfuerzo sostenido de esa magnitud constituye una vara bastante alta. El tema de austeridad es todavía mas desafiante ya que el monto meta no se obtiene con congelamiento de planta, reducción de viajes, viáticos, y menos celulares. Requerirá una drástica reducción del gasto del estado en la parte que es flexible, que es una mínima parte. Y no en todas las entidades se puede congelar o disminuir costos sin afectar la eficiencia y la calidad de los servicios que se prestan.

Como señalé al principio, esta iniciativa cubre dos terceras partes de un trabajo que tiene que ser finalizado por el próximo gobierno. Y no nos asegura recuperar el grado de inversión como tampoco contempla, obviamente, los compromisos de campaña de la futura administración que podrían aproximarse a 1% del PIB. Una suma simple de lo que se necesita realmente que es 2,5% del PIB, menos la reforma propuesta que suma 1,5%, mas la adicción de programas del próximo gobierno por 1%, nos deja una reforma para el segundo semestre del 2022 por 2% del PIB. Este es el reto que enfrenta el país y quien gane la próxima contienda presidencial; pasar una nueva reforma tributaria que recaude $20 billones y que no frene en seco la inversión y el crecimiento económico, que al final son los mayores generadores de riqueza y tributos.