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El trámite de la Ley de Financiamiento (LF) liderado por el Gobierno Nacional tuvo como propósito obtener los recursos para atender varios proyectos y programas sociales de impacto en áreas como la salud, la educación, la infraestructura, el posconflicto, entre otras. Según estimaciones del Ministerio de Hacienda, el valor total de estas necesidades de gasto público desfinanciadas ascendía a $14 billones.
La Ley que finalmente fue aprobada por el Congreso estableció, en términos generales, que el recaudo adicional tan solo alcanzaría $7,8 billones, a la vez que incluyó modificaciones en el estatuto tributario tendientes a disminuir progresivamente las tasas de renta a las personas jurídicas y permitir descuentos de IVA por adquisición de bienes de capital a partir del año 2020. En este sentido, si bien la Ley atenuó las preocupaciones en el frente fiscal para el presente año y otorgó incentivos a la reactivación de la economía, no es menos cierto que también ha generado sendas preocupaciones sobre el cumplimiento de la Regla Fiscal en el mediano plazo.
En particular, este mecanismo, que establece metas puntuales sobre el déficit del Gobierno Nacional Central, contempla que el gasto público no debe exceder los ingresos de este en un porcentaje mayor al 2,4% para 2019 y debería disminuir en proporciones específicas año tras año hasta llegar a 1% en 2027. En este contexto, cabe señalar que los ingresos proporcionados por la LF solo serían suficientes para cubrir las obligaciones fiscales de 2019, más no garantizan las correspondientes a las siguientes vigencias.
Lo anterior, como era natural, no ha pasado desapercibido para los analistas y las agencias calificadoras de riesgo, en la medida que el incumplimiento o la flexibilización de la regla fiscal pondría en riesgo la sostenibilidad fiscal del país y el grado de inversión. Aun cuando las calificadoras han dado un margen de espera al Gobierno, han sido reiterativas en señalar que el Ejecutivo deberá emprender prontas reformas al gasto público, así como conseguir nuevas fuentes de financiamiento. A estas preocupaciones, se sumaron algunas señales inquietantes originadas por el encarecimiento del endeudamiento interno, lo que llevó a que la semana pasada el Ministerio de Hacienda emitiera solamente 66% de lo proyectado inicialmente.
Los retos en estos frentes son mayúsculos, puesto que las inflexibilidades del gasto, cercanas al 84%, dificultan su reducción. La carga pensional, el régimen de transferencias a entidades territoriales y las normas de contratación y defensa del Estado, como señaló la Comisión del Gasto, son tan solo algunos de los aspectos en que resulta imperativo efectuar cambios estructurales en aras de robustecer la sostenibilidad fiscal. De igual manera, la enajenación de activos de la Nación a través de la venta de 8,5% de las acciones de Ecopetrol puede configurarse como una alternativa de financiación de la inversión pública que debe ser analizada cuidadosamente, pues permitiría liberar una cantidad significativa de recursos, además de beneficiar su eficiencia.
El llamado entonces es a que el Gobierno actúe con asertividad en lo referente a los ajustes al gasto público. Si bien esperamos que un gobierno responsable como el actual tome las medidas adecuadas, no hacerlo con prontitud podría afectar la confianza que han depositado las agencias calificadoras y los inversionistas sobre la economía, exponiéndonos quizás a eventuales revisiones en la calificación-país y a desajustes macroeconómicos que irían en detrimento del proceso de recuperación económica.
