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Al tiempo que comienza el último año de la actual administración, el país entra en una etapa preelectoral con miras a escoger una alternativa gubernamental para el período 2026-2030. Si bien están todavía por definirse los nombres de los portaestandartes del oficialismo y de la oposición en las elecciones presidenciales de mayo, es posible discernir, a grandes rasgos, los lineamientos de la narrativa previsible de los aspirantes a las candidaturas
Por una parte, será necesario hacer una evaluación de la gestión del gobierno y de la herencia que deja. Esa es una tarea relativamente especializada, en la cual intervienen expertos nacionales, analistas externos, integrantes de la comunidad financiera internacional y del sector empresarial. Esa opinión es mayoritariamente negativa. Así se manifiesta en términos tales como confianza inversionista, pérdida de grado de inversión, rebaja de la calificación de la deuda soberana y expectativas de insolvencia medidas por el valor de los Credit Default Swaps.
Ese ejercicio se lleva a cabo inevitablemente en un lenguaje técnico que no se presta para la comunicación con el electorado en medio de una campaña presidencial. Pero es necesario tenerlo en cuenta, porque lleva implícita la descripción de las crisis que deja el gobierno; tanto las más prominentes como las de salud, seguridad y energía, así como las no menos graves que se están incubando en temas como el manejo macroeconómico y la política internacional.
Por otra parte, un programa de gobierno con posibilidades de éxito debe enfatizar la esperanza y ofrecerle a un electorado una política gubernamental distinta. Ese discurso, y el de la evaluación del gobierno, avanzan por carriles separados y están dirigidos a auditorios diferentes. Pero están interrelacionados. Se requiere tener plena conciencia de los problemas heredados que será necesario enfrentar, a la vez que tener la capacidad para transmitir un mensaje de optimismo y una visión realista de lo que podría lograr el país, si cuenta con un buen gobierno.
Como un factor que induce a la esperanza debe mencionarse la fortaleza que han demostrado las Altas Cortes y las demás instituciones democráticas para resistir el autoritarismo. Entre las instituciones económicas, se destaca el comportamiento del Banco de la República, el cual ha resistido la presión presidencial para politizar la política monetaria. En las regiones, ciudades capitales y departamentos están progresando sin el apoyo del Gobierno Nacional. En Medellín y Antioquia se observa capacidad de inversión, a pesar de la hostilidad de Petro.
El gasto burocrático desbordado y el aumento de la deuda pública están sembrando la semilla de una crisis fiscal. Como observaba Rudiger Dornbush: “En economía, las cosas se tardan más en suceder de lo que uno piensa, y luego suceden a una velocidad mayor de lo que se creía que podían hacerlo”
La crisis internacional surge del intento de sacar a Colombia de la órbita de las democracias occidentales.
Valdría la pena que Colombia prestara atención no solo a la generación de energías renovables y a la producción de hidrógeno, sino también al desarrollo de industrias capaces de utilizarlo
La Comisión de Acusaciones, juez natural del expresidente por sus actos en el cargo, tiene la oportunidad de demostrar que no es una comisión de absoluciones
La hoja de ruta es nuestra esencia: territorios más seguros, ciudadanos protegidos y policías respaldados. Y se sostiene en un principio que no cambia: servir a todos los colombianos por igual
