Sodoma y Gomorra

Colombia ha tenido presidentes mediocres, presidentes corruptos y presidentes investigados, pero nunca había tenido uno señalado de convertir la Casa de Nariño en una casa de citas.

Hace unos días, el director del Dapre, Carlos Ríos, denunció ante el Senado que 48 mujeres habrían sido vinculadas a la Presidencia con órdenes de prestación de servicios, presuntamente para “instrumentalizarlas” y “poder estar” con el entonces presidente. Según la información conocida, se trataba de contratos de $3 millones a $4 millones mensuales, por cerca de $2.000 millones al año, y cuatro de esas mujeres ya rinden testimonio. Días después, Deicy Jiménez le contó a Semana que, desde 2019, Petro le pagó encuentros sexuales con contratos estatales. También habló de una red de 30 a 40 mujeres y de quienes habrían actuado como intermediarios.

La Constitución dice que el presidente simboliza la unidad nacional. Hemos tenido escándalos de financiación de campañas, de compra de votos en el Congreso y de chuzadas. Pero ningún presidente había sido acusado de usar el erario para pagar un harén.

Ya se conoce el libreto del petrismo: cuando no puede negar, relativiza. “Los de antes también lo hacían”, dirán. No lo hacían, y no es igual. Una cosa es la corrupción administrativa, de la que sobran ejemplos en nuestra historia. Otra muy distinta es que, según las denuncias, el Estado haya contratado a mujeres jóvenes de sectores populares, con pocos recursos y baja escolaridad, para el servicio personal e íntimo del gobernante. Además, la fórmula de “todos los políticos son lo mismo” -que tanto usan los petristas- no es sino una forma elegante de confesar las acusaciones. Y estas no son abstractas. Tienen nombres, contratos, entidades, montos y fechas, y apuntan a una sola persona. Petro responde que “nunca ha cometido delitos en su vida sexual”. Nadie le pregunta por su vida sexual. Le preguntan por los contratos que pagamos todos.

Las instituciones tienen que actuar ya. La Fiscalía debe avanzar rápido con quienes firmaron, supervisaron e intermediaron esos contratos, porque ellos no tienen fuero. La Comisión de Acusaciones, juez natural del expresidente por sus actos en el cargo, tiene la oportunidad de demostrar que no es una comisión de absoluciones. Y la Corte Suprema debe responder por los hechos de cuando Petro era senador.

Queda una pregunta incómoda: ¿qué dicen las feministas del Pacto Histórico? Según Semana, uno de los contratos de Jiménez fue con la entonces senadora María José Pizarro, quien sabía que ella era recomendada de Petro. Hoy ambos están denunciados ante la Corte. Las mismas voces que exigían creerles a las víctimas ahora guardan silencio, y algunos congresistas de su partido prefieren cuestionar a la denunciante. Queda claro que el feminismo petrista nunca fue feminismo: es y siempre ha sido militancia política.

Cuenta el Génesis que Sodoma y Gomorra no cayeron por un pecado aislado, sino porque no apareció un solo justo que las absolviera. Ojalá en el Pacto Histórico aparezca alguno.