Analistas 01/10/2020

Brexit y el derecho internacional

Cuatro años después del referendo innecesario que dio origen a su retiro de la Unión Europea, los dirigentes del Reino Unido no han logrado diseñar una fórmula coherente para implementarlo sin incurrir en perjuicios económicos colaterales de cierta magnitud.

Una nación que promovió la globalización en el siglo XIX y que impulsó la arquitectura de cooperación económica multilateral del siglo XX, revela síntomas de estarse dejando seducir por las supuestas ventajas del aislacionismo y de la soberanía absoluta. La tradición política británica de sobriedad, pragmatismo y decisiones gubernamentales razonadas está dando paso a las emociones del nacionalismo, la xenofobia y las nostalgias imperiales.

La imposibilidad de conciliar el nacionalismo exacerbado con las ventajas de tener acceso privilegiado a un mercado próspero de 450 millones de habitantes ha causado la renuncia de dos Primeros Ministros, David Cameron y Theresa May, y tiene ahora en serias dificultades a Boris Johnson.

Con el fin de presionar a los dirigentes de la Unión Europea para obtener un tratado de libre comercio posterior al retiro definitivo al finalizar este año, Johnson ha enviado a la Cámara de los Comunes un proyecto de ley violatorio del acuerdo que él mismo firmó respecto a las relaciones entre la República de Irlanda, país miembro de la Unión Europea, e Irlanda del Norte, parte del Reino Unido. Para preservar la paz en Irlanda del Norte, se estableció que la frontera con la República de Irlanda se mantendría abierta; es decir, sin una barrera física.

Esa condición hace parte integral del Acuerdo de Viernes Santo de abril de 1998 que permitió eliminar la violencia religiosa en Irlanda del Norte. El proyecto de ley mencionado es inaceptable para Irlanda y para la Unión Europea. Pero además, constituye una violación flagrante del derecho internacional. Esta decisión ha sido recibida con estupor en Bruselas y en las principales cancillerías de Europa.

Ya ha tenido repercusiones en Estados Unidos, país con el cual Boris Johnson aspiraba a negociar un tratado de libre comercio. Tanto Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, como Joe Biden, han dejado saber que no aprobarían un TLC con el Reino Unido si esa ley es aprobada. Hacer caso omiso del derecho internacional es crear las condiciones para la ley del más fuerte.

Cuando todavía el Reino Unido era una gran potencia, los países europeos pequeños confiaban en su protección para garantizar su independencia. Checoslovaquia había recibido el compromiso conjunto del Reino Unido y de Francia de apoyarla en caso de una agresión externa.

El 29 de septiembre de 1938, un año antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Neville Chamberlain, primer ministro del Reino Unido y Édouard Deladier, primer ministro de Francia, aceptaron en Múnich la exigencia de Adolfo Hitler de desmembrar a Checoslovaquia, supuestamente para conservar la paz en Europa. Esa capitulación dio lugar a un comentario demoledor de Winston Churchill: ‘El gobierno debía escoger entre la deshonra y la guerra. Escogió la deshonra. Tendrá la guerra.’