Analistas

Los proyectos de infraestructura vial

Según el Foro Económico Mundial del 2012, Colombia ocupa el lugar 126 entre 142 países en términos de competividad en su infraestructura de carreteras. Como consecuencia y reflejo de tan lamentable situación, los costos logísticos del transporte ascienden a 23% del Producto Interno Bruto, más del doble del promedio para los países de la Oecd. Estas circunstancias, además de la difícil topografía de nuestro país, se atribuyen a que en el pasado le hemos dado muy poca prelación a la asignación de los recursos del presupuesto nacional a la inversión en infraestructura vial. Desde los años noventa y hasta fines de la década pasada, a esta actividad se le asignó de manera sistemática anualmente menos de 1% del Producto Interno Bruto, y cerca de 2% en los últimos cuatro años. La recomendación del Banco Mundial es que dicho porcentaje debería ser al menos de 3%.
 
Paradójicamente, la prioridad a la infraestructura vial ha figurado en los planes de desarrollo nacional, como fue el caso del Plan de Integración Nacional de Turbay, sin que dichos anuncios y propósitos se hayan convertido en avances tangibles. Bajo la Administración Santos de nuevo la infraestructura fue anunciada como una de las locomotoras del Plan, pero tan solo hasta ahora esta parece estar comenzando a adquirir vapor.  El mayor gasto en infraestructura vial comienza a reflejarse en indicadores de aumento de vías construidas. Así, mientras entre 2000 y 2010, el promedio anual de dobles calzadas fue de 60 kilómetros nuevos, esta cifra ascendió a 100 en  2011, y a 200 en 2012. 
 
Para el desarrollo del programa de infraestructura vial, el primer esfuerzo del gobierno estuvo dirigido a establecer unas bases institucionales más adecuadas. Al respecto, cabe resaltar la creación de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI,  encargada de concretar y poner en marcha los proyectos viales de mayor enver- gadura al nivel nacional y la de la Financiera de Desarrollo Nacional. Desde el ámbito legal, debe mencionarse que en la Ley Anticorrupción se buscaron resolver conflictos como los que se venían presentando entre interventores y concesionarios, y en la reglamentación de la denominada Ley APP se tomaron en cuenta varias de las recomendaciones de la Comisión Técnica convocada por el Gobierno, tales como la limitación de las adiciones a los contratos a un máximo de 20%. Por otro lado, se encuentra en proceso de aprobación en el Congreso la Ley de Infraestructura, la cual busca, entre otros objetivos una mayor agilidad en la gestión predial, y hacer más expeditas la obtención de licencias ambientales.
 
El próximo paso fundamental será la puesta en marcha durante los próximos años del programa conocido como 4G o de cuarta generación. Este comprende la construcción de más de 8.000 kilómetros de vías de las cuáles 1.200 serán de doble calzada. Su costo se estima en $47 billones. Algunos cálculos del Departamento Nacional de Planeación indican que este tendría un impacto favorable en la reducción de la tasa de desempleo, y estimularía el crecimiento económico anual en cerca  de un uno por ciento, además de brindar mayor bienestar a los colombianos en ahorro de tiempos de viaje y menor desgaste de sus vehículos personales. El proceso de licitaciones de las concesiones, con el concurso decidido de empresas constructoras nacionales e internacionales, ha comenzado con la primera ola de nueve proyectos. El reto siguiente es su financiación y el aseguramiento. Se requiere complementar los aportes estatales con recursos locales del crédito y del mercado de capitales, particularmente del ahorro pensional, así como del mercado de capitales internacional. No se deben interponer más trabas y objeciones. Manos a la obra.