La reforma pensional, ¿quo vadis?

Seguramente, uno de los temas centrales de discusión en la siguiente legislatura será el futuro del sistema pensional colombiano. En este orden de ideas, y para volver a tocar el sonajero pensional  navideño cabe destacar un par de indicadores del sistema pensional colombiano que llaman la atención al revisar el reciente documento del Banco Interamericano de Desarrollo titulado: Mejores Pensiones, Mejores Trabajos. El primer dato es que la proporción de cotizantes a pensiones con relación a los trabajadores ocupados es inferior en Colombia (30%) que el promedio de América Latina (45%), lo que es un indicativo de la baja cobertura pensional. Esta situación se ve agravada cuándo se analizan las cifras de pobreza por grupos de edad. La tasa de pobreza de los mayores de 65 años en Colombia alcanza 44% y es la mayor de la región.

Como lo establece el estudio, en la última década se han producido grandes innovaciones, especialmente en lo que se refiere a la expansión de pilares no contributivos. Esta experiencia lleva a analizar la importancia de establecer un primer pilar solidario, tema de gran trascendencia para el proyecto de reforma que el Gobierno presentará al Congreso. Otro propósito central de las reformas a las pensiones, según el BID, es  incrementar la cobertura en pensiones. Al respecto propone dos ideas centrales que deben servir como guías de política. La primera establece que si el objetivo es  la cobertura universal sería necesario pensar en un diseño en el que el objeto del aseguramiento previsional sea el ciudadano, no el trabajador. Esta meta se puede materializar con una pensión universal para adultos mayores de cierta edad y con algún criterio de pobreza. La segunda idea sostiene la necesidad imperiosa de incrementar la cobertura mediante el fortalecimiento de los sistemas contributivos obligatorios para garantizar el nivel de las pensiones en el largo plazo. Entre las medidas disponibles para alcanzar este fin figuran los subsidios a las contribuciones, las mejoras en la fiscalización en el mercado de trabajo, la afiliación automática al cumplir cierta edad, el aumento de la información y la educación financiera y las innovaciones en los mecanismos de ahorro para determinados colectivos, como sería el caso de los trabajadores por cuenta propia.

Por último, el estudio aborda el tema del costo fiscal requerido para adelantar una reforma con estas características. Al respecto, estima que un pilar universal y un subsidio importante de las cotizaciones pueden costar entre 1 y 2 puntos del PIB. Esto indicaría que para poner en marcha la reforma pensional, se requerirían  recursos fiscales adicionales. Este no sería un esfuerzo menor cuándo se tiene en cuenta que la carga tributaria total en Colombia es del orden del 14% del PIB y que además de la reforma pensional, será necesario levantar mayores ingresos tributarios para financiar otras iniciativas de gasto del gobierno venideras como son la reforma de la salud, los gastos derivados del Acuerdo de Paz de la Habana y el posconflicto, así como los aportes del gobierno en el financiamiento de la infraestructura vial de cuarta generación.