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La financiación de la infraestructura

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Para el gobierno y para los analistas económicos, la puesta en marcha de las concesiones de infraestructura de transporte vial es la herramienta contracíclica clave para compensar la desaceleración de la economía provocada por la caída de los precios del petróleo. Los cálculos prevén que los proyectos de infraestructura vial incrementarán la tasa de crecimiento de la economía en 1% de manera permanente. En la actualidad, Colombia se clasifica en el lugar 130 en la calidad del transporte entre un total de 148 del mundo. Con las concesiones se espera reducir los tiempos de viaje entre las diversas ciudades del país en un 25%-30% y más importante aún, rebajar los costos del transporte entre un 15%-20%. Además, generan empleo y estimulan la inversión y el consumo en las diversas regiones del país.

La atención reciente, una vez asignadas las dos primeras olas de concesiones, se ha venido centrando el financiamiento. Para que la estructura de financiamiento “resulte ser robusta” se requiere el establecimiento de mecanismos que reduzcan los riesgos que enfrentan las entidades bancarias e inversionistas institucionales. Hay un consenso general en el sentido de reconocer la importancia de estar transitando de los mecanismos tradicionales de obras públicas al de concesiones; la gran tarea de la Agencia Nacional de Infraestructura en el establecimiento del marco de operación de las concesiones, y el reto del monto de financiamiento de los proyectos, dados los requerimientos de recursos cercanos a los $36,2 billones.  

Según los expertos, para mitigar el riesgo de construcción resultan indispensables algunas disposiciones adoptadas por las autoridades y por los concesionarios, tales como: el desarrollo de contratos EPC, llave en mano, para cada uno de los proyectos; la contratación de una asesoría técnica independiente de ingenieros encargada de evaluar los aspectos técnicos de construcción de las obras; así como de entidades especializadas para revisar las proyecciones de los flujos de tráfico y los esquemas de aseguramiento. En particular, se destaca como fundamental el apoyo del gobierno en aspectos tales como el compromiso de atender pagos de las obras mediante vigencias presupuestales futuras en pesos y en dólares, la protección con recursos de liquidez en el caso de retrasos en la construcción, y la cobertura de fallas en los flujos de tráfico y de sobrecostos en la construcción.  Sobre los estándares de financiamiento destacan otros aspectos a tener en cuenta en la financiación de proyectos, tales como el entorno económico, político y social de las zonas donde se ejecutarán las obras, el gobierno corporativo de los sponsors, la estructura de los contratos de crédito, los acuerdos de crédito entre acreedores, las debidas diligencias en los análisis de la ingeniería de los proyectos, y la solución  de los potenciales conflictos de interés entre los roles concesionario y denominado EPECISTA, o constructor de las obras.

Las entidades financieras nacionales e internacionales, las firmas de ingenieros y las de abogados especializados en temas de infraestructura, los concesionarios y los EPECISTAS, las entidades oficiales como la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el alto gobierno nacional tienen pleno y justificado optimismo que el cierre financiero de los proyectos se logrará de manera pronta y exitosa. Como van las cosas, este parece que va a ser el caso. 
 

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