Infraestructura vial y transporte

Los temas de infraestructura vial y transporte están siendo el centro de atención de las políticas públicas en Colombia. Sobre la infraestructura vial se viene destacando los programas de vías de cuarta generación, más conocidos como las 4G. En lo que hace al transporte urbano la atención se ha centrado en la regulación del servicio público de Uber y en cuanto al transporte por carretera el debate público se relaciona con el paro camionero que lleva ya más de cuarenta días de conversaciones entre el Gobierno y los transportadores. Estos tres temas relacionados con la infraestructura vial y el transporte reflejan y simbolizan lo bueno, lo malo y lo feo de las políticas públicas de Colombia.

Sin duda, tanto la estrategia, como la regulación, preparación de proyectos y financiación de vías de cuarta generación se puede clasificar como el ejemplo clásico de lo bueno y adecuado que pueden llegar a ser a las políticas públicas. La estrategia se inició varios años atrás con el informe de un comité de expertos encargados de recomendar al gobierno las regulaciones para estimular la infraestructura vial, lo cual fue seguido con la ley de infraestructura y el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y la Financiera de Desarrollo Nacional, FDN. Las 4G hacen parte del Plan de Desarrollo y son un componente contra cíclico muy oportuno para sostener el crecimiento de la economía y contrarrestar el impacto adverso de la caída de los precios del petróleo. 

Lo malo de las políticas públicas en el campo del transporte se representa con la indecisión y tardanza del gobierno para regular el funcionamiento del transporte público de  Uber. En la literatura internacional se destaca Uber como una de las grandes innovaciones tecnológicas del siglo XXI y como modelo de innovación de servicios de empleo basados en la demanda, que comienzan a revolucionar los esquemas de trabajo en el mundo. Se argumenta que el esquema de trabajadores independientes dispuestos a prestar sus servicios de acuerdo a la intensidad de la demanda modificará la naturaleza de las empresas y del trabajo. Al fin y al cabo, este tipo de servicios ayuda a tener disponible el servicio adecuado en el momento requerido. Es muy desafortunado que el Gobierno se tarde tanto en establecer reglas claras para el funcionamiento de este sistema que está comenzando a traer tantos beneficios para los habitantes de las grandes urbes colombianas. 

Lo feo en materia de las políticas públicas en el ámbito de la infraestructura y el transporte toca con el paro camionero que viene trayendo inmensos costos para la economía. El paro se ha reflejado en el desabastecimiento de alimentos en el país, en el freno a las exportaciones, en sacrificio de ingresos para los mismos transportadores colombianos y, ante todo, en mayores costos para los consumidores. 

Si bien el Gobierno se ha mostrado firme en rechazar el restablecimiento de la tabla de fletes que fijaba tarifas mínimas para el transporte de carga, con todo parece estar dispuesto a mantener intervenciones del estado inadecuadas, al no autorizar la plena libertad de tarifas y establecer la denominada “relación uno por uno” que implica que para importar un vehículo nuevo se deba chatarrizar uno antiguo, lo cual entendemos va en contra de las propias normas de la Ocde, club de países al cual aspiramos ingresar. 

El bienestar y soberanía de los consumidores, en este caso, tampoco parece estar al frente de las prioridades de las políticas públicas de transporte.