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El tema de la agricultura

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El tema de la agricultura continúa siendo el centro de atención de la política económica. El sector empresarial representado por la Sociedad de Agricultores de Colombia y los diversos gremios que hacen parte de esta se reunieron en el día martes con el Presidente de la República.

Según lo ha informado la prensa se convino trabajar juntos, gobierno y agremiaciones, para sacar adelante al campo. Se ha hecho público que entre los temas tratados se cubrieron aspectos tales como las implicaciones de los acuerdos de La Habana para el agro y los relacionados con los compromisos adelantados dentro de la Alianza del Pacífico relacionados con la política comercial, como los aranceles y las franjas de precios. El día miércoles se adelantó una nueva reunión del gobierno con los agricultores que han venido adelantando las negociaciones del Pacto por el Agro, dirigidas a analizar el avance y cumplimiento  de los acuerdos pactados. De esta reunión, según se ha comunicado, surgieron nuevos compromisos del gobierno relacionados con mecanismos para reducir el costo de los insumos y facilitar su adquisición por medio de una tarjeta de crédito que será accesible a los pequeños agricultores y ganaderos a través del Banco Agrario.  

Si bien en estas conversaciones se denotan avances en la concertación y en los acuerdos sobre los problemas de la agricultura colombiana, preocupa que estos diálogos se adelanten sin los estudios y la preparación debida y únicamente aborden temas urgentes para el sector, pero esencialmente de corto plazo. Muchas de las soluciones planteadas en esos escenarios resultan  ser de tipo político y no toman perspectiva de lo fundamental. La problemática de la agricultura colombiana requiere estudiar y resolver sus aspectos  estructurales de más largo plazo. Este es  propósito de la Misión Rural que acaba de establecer el gobierno. Esta tiene el objetivo más amplio, más ambicioso y más importante de analizar a profundidad los grandes problemas del desarrollo rural colombiano y el reto de recomendar políticas para el cierre de las brechas entre la ciudad y el campo. Tiene, además, el mandato de proponer políticas para lograr un desarrollo agropecuario sostenible y competitivo, dar soluciones sobre el tema de la tierra y el ordenamiento del suelo rural, resolver los retos de extender la formalización laboral y la seguridad social a la población rural,  identificar mecanismos para la provisión de bienes públicos para el campo, y facilitar la investigación y la adopción de cambios tecnológicos, así como  el diseño de un arreglo institucional más adecuado para la agricultura y el desarrollo rural en Colombia.

La realidad es que en las últimas décadas el sector agropecuario colombiano ha tenido un comportamiento a todas luces inferior al registrado en el resto de la América Latina, ya sea que este se mida en términos del crecimiento de la producción, en su función de proveer alimentos para el mercado interno o en dar un impulso a las exportaciones. Tampoco ha cumplido la actividad agropecuaria su papel de reducir la pobreza y la desigualdad, mientras que  al mismo tiempo la explotación de las tierras ha redundado en un descuido de los recursos naturales y en la erosión de las tierras. Las soluciones a los profundos problemas de la agricultura y el desarrollo rural no pueden idearse en el calor de las protestas y bajo presiones al gobierno en épocas electorales. Estos mecanismos de solución solo redundan, como ha venido sucediendo, en apoyos directos a quienes más se quejan, que distorsionan la asignación eficiente de los recursos y redundan en una baja eficiencia de la producción agropecuaria y quizás también en mayores desigualdades.

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