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Analistas 15/05/2024

Alfabetización política

Ricardo Mejía Cano
Gerente de Saladejuntas Consultores

En las sociedades democráticas, la interacción entre los empresarios y la política es un tema sensible, complejo y polémico. Debido a que los primeros ejercen un poder económico significativo, su participación en política plantea dudas sobre la transparencia, equidad y validez del proceso democrático. ¿Deberían las empresas participar activamente en la promoción de candidatos o ideologías políticas o enseñar a sus trabajadores sobre la legitimidad de los diferentes programas?

La visión defendida por economistas como Milton Friedman (Premio Nobel de Economía 1976) establecía que la principal responsabilidad social de las empresas era aumentar al máximo sus ganancias, operando necesariamente dentro de los marcos legales y evitando alterar estos según sus intereses particulares. Sin embargo, esta perspectiva ha cambiado debido a que las empresas y corporaciones, en virtud de su tamaño, tienen una influencia innegable en el panorama político.

La capacidad de las empresas para influir en las políticas y la opinión pública ha llevado al desarrollo de normas y principios destinados promover la Responsabilidad Política Empresarial (RPE). Los Principios de RPE del Instituto ERB de la Universidad de Michigan son un primer intento por definir cómo las empresas podrían participar responsablemente en el proceso político.

La RPE desarrollada por el Instituto ERB propone que las actividades políticas de las empresas deben ser transparentes, legítimas, que cumplan las normas legales y sean responsables. Estos principios tienen como objetivo garantizar que dichas acciones no socaven los procesos democráticos, sino que más bien apoyen un entorno empresarial saludable y fortalezcan la confianza de la sociedad.

• Transparencia: comunicación amplia y abierta sobre las actividades políticas de la empresa.

• Legitimación: las actividades políticas reflejan la posición de la empresa, no las opiniones de los gerentes o funcionarios individuales; y no se presiona a empleados, accionistas u otros grupos de interés a tomar posiciones contrarias a su voluntad.

• Normatividad: Cumplir con la legislación y con las reglas del mercado, respetando el bien público. Alinear los intereses privados con los interese públicos.

• Responsabilidad: Garantizar que las actividades políticas se alineen con el propósito superior de la empresa. Además, las empresas tienen la responsabilidad de competir en base al precio y la calidad de sus productos y no modificando leyes y regulaciones para poner en desventaja a los competidores.

Lo candente del debate se debe a que las corporaciones tienen un interés legítimo en modificar las políticas que afectan sus operaciones comerciales, impuestos y entorno regulatorio, aunque con frecuencia estas influencias son positivas, porque abogan por el crecimiento económico, la innovación y la estabilidad del mercado. Sin embargo, cuando las corporaciones favorecen activamente ideologías o candidatos políticos específicos, se genera gran preocupación por el efecto negativo que puede tener el dinero en la política y la distorsión en los procesos democráticos.

Un argumento a favor de que las corporaciones enseñen a sus trabajadores sobre la legitimidad de diferentes programas políticos tiene sus raíces en el concepto de responsabilidad social empresarial (RSE). Sus defensores argumentan que las empresas deberían educar a sus empleados sobre cuestiones sociales importantes, incluida la política, para que puedan tomar decisiones informadas como ciudadanos.

Al proporcionar educación sobre diversos programas políticos, las empresas empoderan a sus trabajadores para que participen de manera activa en el proceso democrático, entiendan donde hay populismo y promesas incumplibles y voten por políticas que se alineen con sus valores e intereses.

No debería ser mal visto que las empresas tengan interés en promover la estabilidad política y la cohesión social, ya que son esenciales para un lograr un sano entorno empresarial y crecimiento económico. Con una fuerza laboral políticamente bien informada, las empresas formarían una ciudadanía más madura y comprometida, generando mayor progreso y equidad.

¿Qué es más efectivo, donar plata a una campaña o alfabetizar políticamente a los colaboradores, para que no se ilusionen con los demagogos y populistas y entiendan bien los programas de los candidatos y su capacidad de cumplirlos?

Cómo Vamos es un proyecto interinstitucional, que existe en varios países de Latinoamérica y que tiene como objetivo hacer seguimiento y análisis a la calidad de vida en las ciudades. Gracias a su metodología e independencia permite medir la calidad del gobernante. Es un proyecto que promueve gobiernos efectivos y transparentes, ciudadanos informados, responsables y participativos. Una herramienta excepcional que los empresarios deberían aprovechar para informar a sus empleados sobre la realidad política local.

De todas maneras, la interacción empresa-política plantea varias preocupaciones éticas y prácticas. En primer lugar, los empresarios podrían estar sesgados por sus intereses económicos, lo que los llevaría a suministrar a sus colaboradores información interesada sobre los programas políticos, planteando dudas sobre la objetividad e imparcialidad de estos. Existe también el riesgo de politizar el lugar de trabajo y crear divisiones entre empleados con diferentes creencias políticas, lo que afectaría la cohesión y la productividad.

Por eso es tan importante que terceros reconocidos e independientes, sean los responsables de ilustrar a los trabajadores sobre la legitimidad de los diferentes programas. Un excelente aliado es Cómo Vamos.

En lugar de promover programas o candidatos políticos específicos, los empresarios podrían centrarse en promover mayor compromiso cívico y en la formación política de sus empleados. Promover una cultura de diálogo abierto y pensamiento crítico, para que sus empleados se vinculen a una causa política de manera reflexiva e informada.

Las empresas también deberían apoyar iniciativas no partidistas destinadas a aumentar la participación electoral y política, como campañas de registro de votantes e iniciativas para promover la diversidad y la inclusión en el proceso político. Al apoyar estas iniciativas, las empresas demostrarían su compromiso con los valores democráticos y la responsabilidad social sin involucrarse en políticas partidistas.

Vale la pena preguntarse si el resurgimiento de gobiernos populistas y demagogos en Latinoamérica no es en parte debido a la indiferencia política del empresario.

En conclusión, la participación de las empresas en los asuntos políticos es compleja y con muchas aristas, que requieren una cuidadosa revisión de los principios éticos, legales y democráticos. Si bien las empresas tienen un interés legítimo en influir en las políticas que afectan sus operaciones comerciales, deben hacerlo de una manera que fortalezca los valores democráticos y promueva el bien común.

En lugar de promover ideologías o candidatos políticos específicos, las empresas deberían centrarse en fomentar la alfabetización política, el compromiso cívico y la participación amplia e inclusiva en el proceso democrático. Así contribuirán a formar una ciudadanía mejor informada, más empoderada y que defienda las instituciones.

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