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La mal denominada minería ilegal, que no es otra cosa que la extracción criminal de recursos, causa a los colombianos pérdidas anuales de hasta $7 billones en regalías e impuestos, sin contar con los terribles daños ambientales que se generan en los ecosistemas, según estudios del Ministerio de Defensa.
Mientras las empresas que hacen explotaciones mineras cumplen con la normativa del Estado, van más allá para proteger los recursos naturales no renovables y blindan todo tipo de variedades de fauna, flora y fuentes hídricas, las bandas delincuenciales dedicadas al saqueo sistemático de minerales dañan por siempre las reservas ambientales.
La minería formal conlleva a nuevas oportunidades de desarrollo, generación de empleo, aumento económico y aporte a la construcción de país. No es secreto para nadie que el crecimiento en infraestructura vial y urbanizaciones en todos los órdenes se gesta en buena parte desde la producción minera.
En todo este debate se esconden diversos sectores interesados en permanecer con negocios irregulares que atañen a la minería, pero que equivocadamente califican de ilegal; se trata de extracción ilícita porque quienes la ejercen no tienen los títulos, no aplican protocolos para evitar daños ambientales, las contrataciones de personal no cumplen el mínimo de requerimientos gubernamentales y peor, evaden todos los pagos tributarios.
Naciones Unidas y la Universidad Externado han revelado que en 233 municipios del país se adelantan extracciones ilegales de minerales. Advierten estos estudios que esta práctica mueve el doble de recursos que genera el narcotráfico, que alcanza los $6 billones. Desde el gremio minero consideramos que este es el gran reto del gobierno, no solo para reencaminar la economía sino de cara al posconflicto.
Si el exigente control que se ejerce a las empresas mineras establecidas en Colombia, para que cumplan toda la normativa medioambiental, se enfocara en las mafias dedicadas a la extracción criminal ya se hubieran logrado efectivos resultados.
La irreversible tragedia en fuentes hídricas, enormes bosques y reservas naturales únicas es responsabilidad de quienes están por fuera de la Ley. Los sitios de explotación no autorizados no están escondidos, quienes se mueven al frente de esas actividades desplazan maquinaria y combustible constantemente, el material extraído es transportado por las carreteras del país y los dineros que se generan ingresan al flujo económico monetario ¿Dónde están los controles de todas estas actividades? ¿Qué entidades oficiales no ejercen el control debido y miran hacia otro lado para permitir un holocausto ambiental en los campos?
Las comunidades que son involucradas por parte de las mafias para explotar ilegalmente llegan ahí engañadas pero, sobre todo, actúan por las necesidades que afrontan con sus familias. Son poblaciones literalmente abandonadas del apoyo oficial y excluidas a ultranza de los programas gubernamentales.
Por ahí debe empezar la solución del grave problema. Si hay inversión social, estos colectivos de personas se convierten en veedores de sus propias regiones.
A esta altura ya no es suficiente reaccionar porque los daños son letales, es tiempo de actuar con contundencia y efectividad. No pueden persistir más las consabidas denuncias sin la acción oficial. ¡No más extracción criminal de los recursos minerales!
Así empezaron 105 días de angustia, desplazamientos permanentes, lluvia, frío y largas caminatas, muchas veces durante toda la noche. En medio de ese trajín le comunicaron que debía hacer un aporte a la causa de la “guerrilla”
El sismo no solo produjo una catástrofe humanitaria, sino que sus efectos desbordan la capacidad ordinaria del Estado
Al momento de escribir esta columna, el gobierno había confirmado 202 fallecidos, miles de heridos y viviendas colapsadas en todo el país
