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El pago de la seguridad social, salud y pensiones, en Colombia depende de la fuente de generación de ingresos de las personas, las que están en función de su participación en el mercado de trabajo, los formales cotizan en ambos y los informales en ninguno, sin embargo, existe un grupo poblacional, trabajando, que solamente cotiza en salud y no lo hace en pensiones.
Los cambios más importantes, en los últimos treinta años, se dieron con la puesta en vigencia de la Ley 100/93, oficialmente desde el 1 de abril/94, y la reforma tributaria de 2012, Ley 1607. La Ley 100 aumentó considerablemente las cotizaciones, respecto a lo que recaudaba el Seguro Social, e institucionalizó la administración privada de esos recursos, EPS y AFP. La Ley 1607, con el Cree, terminó de estatizar el financiamiento de la salud y trasladó el aporte patronal al presupuesto.
La salud se organizó en dos regímenes, de acuerdo con la fuente de financiamiento, el contributivo, con cotizaciones de particulares, y el subsidiado, financiado por impuestos. El aporte al contributivo se distribuyó en un tercio que paga el trabajador y dos tercios su empleador, o tres tercios el trabajador, cuando es por cuenta propia.
La creatividad nacional estímulo el “cuenta propismo” y la evasión, esta figura pasó de registrar cuatro millones a diez millones de personas en pocos años. Para controlar el fenómeno se eliminó el aporte patronal, Ley 1607, que fue asumido por impuestos de destinación especifica, de tal manera que el empleador no tuviera excusa para tercerizar los contratos de trabajo.
Los resultados de la eliminación del aporte patronal se reflejan en la población ocupada que cotiza a la seguridad social (cuadro), comparada entre los años 2012 y 2024. En afiliación a salud, aún no se ha logrado la cobertura universal de las personas ocupadas, se llegó a 95,6%, de las que, en el régimen contributivo se encuentra 50,8%, que sube a 53,3% al incluirse el régimen especial público, cinco puntos más que en 2012, y en el subsidiado se mantiene 42,2%.
El mayor efecto se encuentra en el incremento efectivo de cotizantes, los aportantes a los regímenes contributivo y especial, que subió de 37,3% en 2012 a 46,8% en 2024, es decir, se incrementó en 9,5 puntos, un poco más se dio en los cotizantes a pensiones, que pasó de 30,85% a 43,1%, con incremento de 12,3 puntos, sin embargo, sigue siendo menos de la mitad de la población ocupada.
La informalidad en el mercado de trabajo se explica, además del tamaño de las unidades productivas, por la falta de contribuciones a la seguridad social, de hecho, 53,2% de la población ocupada en Colombia no cotiza en salud y tampoco lo hace 56,9% en pensiones.
La reforma pensional, Ley 2381 de 2024, que entrara en vigor el 1 de julio próximo, con cuatro pilares, busca resolver los problemas de acceso a ingresos en la tercera edad, con los pilares solidario y semicontributivo, adecuado a ese segmento de población que hoy no cotiza. Es un paso hacia adelante para una sociedad justa con los adultos mayores y una forma de reducir la informalidad.
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