MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
En manos del Congreso queda la definición del PGN para 2026 y la conexa Ley de Financiamiento. Antes del 15 de septiembre las cuatro comisiones económicas deberán decidir sobre el “monto” del PGN, con la versión del gobierno por $556,9 billones.
La expectativa es llegar a un acuerdo entre Gobierno y Congreso y el pulso va en tres alternativas:
El trámite en el Legislativo implica la convocatoria a Comisiones Conjuntas, el 11 de septiembre, sin decisión, queda aún hasta el 15, lunes no festivo, para hacerlo. El pasado jueves no hubo decisión, dado que no todas tenían el quorum reglamentario y pueden volver a ser convocadas.
La decisión consiste en votación simultánea de las cuatro comisiones, todas reunidas con el quorum reglamentario, una por una, y que el resultado sea similar en las cuatro, afirmativo o negativo, en el primer caso queda el monto definido, en el segundo negado y debe proponerse otro, y seguir votando hasta llegar a un acuerdo.
En el caso de que no coincidan las cuatro comisiones en el resultado, por ejemplo, que dos voten afirmativo y las otras negativo, o una sola que no concuerde con las otras, se entiende como que no hay decisión y permanece el monto propuesto por el gobierno y se abre el camino hacia el Decreto.
Con un “monto” indeciso se pasa a la discusión del PGN por el lado del gasto, donde, al parecer, ya existen suficientes proposiciones, el año pasado casi 200 proposiciones sumaban más de $80 billones adicionales y sin fuente de ingresos, como para entender que, el Congreso desea un presupuesto más amplio y con otra distribución.
A este momento del debate presupuestal, el monto propuesto por el gobierno es el límite superior, por encima de ese monto no puede haber nada, de tal manera que, los congresistas buscarían hacer alguna redistribución, retirar en algunas entidades y colocar en otras, revelando prioridades diferentes a las del gobierno.
Esa discusión debe hacerse antes del 25 de septiembre y asume el “monto” actual disponible. Previamente, coordinadores y ponentes deben haberse puesto de acuerdo en una ponencia para primer debate, la cual debe radicarse el día anterior a esa convocatoria.
En esa ponencia se podrán reflejar diversos movimientos y acuerdos previos, entre voceros, sin embargo, tener ponencia no significa aprobar el presupuesto, es una base de discusión para las cuatro comisiones que deberán repetir procedimiento de votación y aprobar, negar o dejar sin decisión.
Esa segunda reunión de las comisiones conjuntas, convocada para “primer debate” del PGN tiene las mismas reglas de juego de la convocatoria para decidir el “monto”. Dada la indecisión del monto, se puede esperar que sean radicadas varias ponencias, con distintos escenarios:
Cada votación es simultanea y requiere quorum decisorio en cada una de las cuatro comisiones. El resultado se conoce de manera inmediata, si las cuatro comisiones aprueban, el PGN queda aprobado y pasa a segundo debate, de lo contrario, si las cuatro comisiones niegan, entonces, el PGN queda negado y se repite el presupuesto del 2025. Si unas comisiones aprueban y otras niegan, nuevamente no hay decisión y el PGN saldrá por Decreto.
La convocatoria a segundo debate, para el cual hay plazo hasta el 20 de octubre, depende de este resultado. Si las cuatro comisiones aprueban un PGN, con una redistribución del gasto e implícitamente un monto, se autoriza el paso a convocar las plenarias de Senado y Cámara para el debate final. Si las cuatro comisiones niegan el PGN, el debate termina y el gobierno deberá repetir y decretar el PGN del 2025. Si no hay decisión en las comisiones conjuntas, tampoco hay convocatoria a segundo debate y el gobierno podrá decretar el PGN radicado el 29 de junio.
Es hora de revisar la meta recurrente de llegar a tener entre 10 y 15 metros cuadrados de espacio público por habitante. En los casos más exitosos, se ha llegado a un estándar de 4 metros cuadrados por habitante
El futuro parece menos binario entre humano o máquina y más orientado a modelos híbridos, donde la tecnología amplía capacidad y eficiencia mientras la responsabilidad clínica permanece anclada en profesionales e instituciones