Analistas

La gestión de los recursos públicos en Bogotá

Desde una perspectiva conceptual, la corrupción se asimila a un juego de tres o más participantes, donde al menos dos de ellos acuerdan una estrategia que les permite obtener un beneficio particular a costa de un perjuicio para el resto.  Siempre, uno de los que participa en el acuerdo ilegal tiene una investidura que lo obliga, al menos en teoría, a actuar en beneficio del interés general, de la mayoría.

 Cifras de la Encuesta Cultura de Corpovisionarios (2016) señalan que 89% de los bogotanos cree que más de la mitad de los servidores públicos son corruptos, lo que va acompañado de una caída constante desde 2008 en la confianza en las instituciones públicas.

 Solo es posible romper este juego macabro mediante prácticas que garanticen que aquellos agentes que representan el interés general tomen decisiones orientadas a maximizar el bienestar de sus representados.

 Aquí es donde las buenas prácticas de gobierno adquieren un papel preponderante, pues alinean las prácticas gerenciales de los administradores públicos con el interés general de sus representados. 

 Así pues, el buen gobierno, la ética y la transparencia se convierten en una prioridad de la administración del alcalde Enrique Peñalosa; de ahí que su plan de gobierno incluya un aparte especial sobre este tema, bajo la convicción de que la buena gerencia y los recursos públicos se deben proteger. 

 En tal sentido, analicemos las acciones que en varios frentes ha adoptado el alcalde Peñalosa, con independencia del costo político que representan. Iniciemos por los sectores de la salud y las administraciones locales del Distrito. 

 La primera,  además de reorganizar la red hospitalaria, y crear nuevos puntos de atención para los ciudadanos, dio un vuelco al tema de la contratación porque permitió su operación como red integrada de servicios de salud distrital que además de mejorar la calidad de la atención, generó ahorros por más de $62.000 millones.  Adicionalmente, la compra conjunta de insumos y suministros conducirán a generar ahorros entre 15% y 20% sobre una base de $700.000 millones  a partir de la búsqueda de las mejores alternativas en el mercado, de la optimización de procesos administrativos, de una selección transparente y objetiva de proveedores y de la mejor relación costo/beneficio.

La segunda reforma se enfocó en las alcaldías locales que administran 10% de los ingresos corrientes del Distrito, más de $700.000 millones año. El primer paso fue definir las líneas de inversión para focalizar el pareto de los recursos en temas críticos de las localidades como malla vial, seguridad y parques. En particular, en el caso de malla vial local se introdujeron pliegos tipo para estandarizar los requisitos habilitantes y técnicos de las propuestas y evitar así el direccionamiento.  Adicionalmente, la administración Peñalosa revisó todos los procesos de contratación que adelantan las Alcaldías Locales, e incorporó la utilización de las páginas web como instrumento de rendición de cuentas.  

 Por otra parte, en el marco de las buenas prácticas en materia de contratación pública en la Alcaldía Mayor, se ha iniciado el piloto de las Salas de Transparencia en entidades distritales, comenzando por el IDU y la Secretaría General.  En estas salas se han dedicado espacios físicos exclusivos, monitoreados por cámaras, para depositar, evaluar y garantizar la trazabilidad de las ofertas de los proponentes. Al mismo tiempo se ha dispuesto la tecnología requerida para escanear y publicar las ofertas el día que son recibidas. Una vez concluido el periodo de evaluación y de confirmarse los positivos resultados que se esperan, se extenderá esta iniciativa al resto de la administración distrital.

 Asimismo, Bogotá, bajo la coordinación de Enrique Peñalosa, ha sido seleccionado como piloto para la implementación de la plataforma Secop II, la cual aporta mayor trazabilidad e incrementa el control del proceso contractual, automatiza y agiliza los procesos existentes. 

 Adicionalmente, se incorporarán cláusulas anticorrupción en los contratos de obra, que permitan hacer públicas las declaraciones de contratistas y de la Administración para desarrollar acciones éticas y transparentes durante la ejecución de los proyectos.

 También se habilitó la plataforma de seguimiento virtual a los proyectos de obra que contrata el IDU.  En la dirección http://opendata.idu.gov.co/visor_proyectos/index.html los ciudadanos podrán observar el estado de los proyectos y su avance semana a semana.

 Estas mejoras ya arrojan resultados: el número de proponentes promedio que se presentan en los procesos de selección ha llegado a multiplicarse por cinco veces en el caso de algunas entidades.  La mayor competencia y pluralidad en el proceso contractual redunda en una mejor utilización de los recursos públicos.

 Como complemento a las prácticas contractuales descritas, está la formación de servidores públicos en áreas críticas como la supervisión contractual, el diseño y divulgación de herramientas prácticas para resolver inquietudes de los supervisores en el ejercicio de su función y la firma del Pacto de Ética y Transparencia por parte de más de 10.000 servidores entre 2016 y 2017.

 El recurso humano es tan importante para esta administración que su selección se está haciendo por mérito como el proceso para escoger los jefes de Control Interno para todas las entidades que conforman el Distrito. 

 De otra parte, se han modernizados los canales de denuncia. Es el caso de la línea 195 opción 1 mediante la cual cualquier ciudadano puede denunciar actos de corrupción en las entidades del Distrito. Es un canal de fácil acceso, que opera 24/7 y que cuenta con el monitoreo necesario para dar respuesta oportuna a las denuncias. 

 Finalmente, resalto la firma de la Declaración conjunta por la Transparencia y la Integridad, mediante la cual la Administración Distrital ratifica que el desarrollo del país y por supuesto de la ciudad implica calidad, distribución y adecuado uso de los recursos públicos. Así se confirma que para Enrique Peñalosa la defensa y la buena administración de la ciudad son reflejo del mandato constitucional según el cual el interés general prevalece sobre el particular y es condición para hacer una Bogotá Mejor Para Todos.