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Vientos para las convergencias

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La conciencia de todos los colombianos sobre la necesidad de construcción de un país que sea más equitativo y justo nos ha llevado a que todos expresemos y defendamos nuestro entendimiento de lo que debe ser, pero sin perder nada y ojalá ganado. Todos hemos oído buenas ideas, miedos, identidades y distanciamientos, pero imposible encontrar dos personas que compartan exactamente su idea de paz; pero, cierto es que todos queremos tener mejores oportunidades y accesos a educación, salud, trabajo, movilidad y justicia.

Aunque es claro que nos toca estudiar para entender los nuevos escenarios, retos y oportunidades, también es cierto que la realidad y las necesidades no obedecen al tiempo de las negociaciones ni a los intereses de las personas que resuelven desde las instancias de poder.

Los que por alguna razón estamos vinculados a la ruralidad sabemos que el acceso a los servicios básicos, a la salud y educación de calidad no es fácil pero también sabemos que distan mucho de la calidad que hay en las ciudades, pues los gobiernos han durante siglos han privilegiado el desarrollo urbano por la facilidad de desarrollo de infraestructura y logística.

El capítulo de acceso a la justicia está a parte, pues esa necesidad básica es la que está ligada al control del territorio y que está atada al uso de la fuerza, el castigo y los privilegios y consecuentemente a la propiedad y a la producción, situación  que ha sido aprovechada por toda clase de grupos con intereses particulares que se endilgan la representatividad de las comunidades y ejercen su poder para consolidar territorio.

En el pasado la iglesia católica fue la única que llegó a esos territorios lejanos y tuvieron que ser el catalizador de fuerzas e intereses y abusos  pero su misión era educar, catequizar pero también ayudó con salud y en estos últimos años ha sido garante de Derechos Humanos. Desde el siglo pasado, algunas industrias que por su necesidad de desarrollar sus actividades han llegado a esa ruralidad lejana, distante,  olvidada y en muchos casos dominadas por grupos con alguna legitimidad pero con poca o ninguna legalidad y desde las oficinas centrales del gobierno se inicia el trámite para poder conseguir los contratos, licencias y permisos para poder tener el acceso legal pero a sabiendas de que es el primer paso para poder llegar pero no para poder permanecer.

Las empresas que están centradas en su necesidad económica traen una estrategia para mimetizarse generando relaciones transaccionales con comunidades y autoridades más allá de los impuestos y del trabajo legal, traen recursos para ayudas que fortalecerá el sistema que ¨funciona bien¨. Pero hay otras que desde un entendimiento ético han tomado la decisión de generar posibilidades de desarrollo, de legalidad y de promover la vida digna trabajando en fortalecer la presencia institucional y conjuntamente trabajar en el mejoramiento de la educación, la salud, el empleo digno, el fortalecimiento de las vocaciones productivas y no menos importante en esta nueva coyuntura en nuevas formas de liderazgo y de redes que ayuden a cuidar la integridad de personas, familias y comunidades.

A buena hora los empresarios, organizaciones de la sociedad civil, entidades internacionales e instituciones que trabajan o comprenden la importancia de la ruralidad están haciendo alianzas para sumar en este país que debe encontrar convergencias que nos unan en los derechos humanos.

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