¿Puede un colombiano demandar en Colombia si su contrato laboral está sometido a las leyes de otro país?

El crecimiento de las empresas multinacionales, el trabajo remoto y la contratación internacional han transformado las relaciones laborales. Hoy es posible que un profesional colombiano trabaje para una compañía estadounidense, reciba su remuneración en dólares, reporte directamente a directivos ubicados en el exterior y firme un contrato que establezca que cualquier controversia deberá resolverse conforme a las leyes de ese país. Pero ¿qué sucede cuando surge un despido, un incumplimiento contractual o una reclamación por prestaciones sociales? ¿Está obligado el trabajador a acudir a los tribunales extranjeros o puede solicitar que un juez colombiano conozca de su caso?

La respuesta requiere distinguir dos conceptos jurídicos que suelen confundirse: la jurisdicción competente y la legislación aplicable. La primera determina qué autoridad judicial puede resolver una controversia; la segunda establece cuáles normas deben utilizarse para decidirla. Por tanto, que un contrato señale expresamente una legislación extranjera no significa necesariamente que los jueces colombianos carezcan de competencia. Tampoco significa que la nacionalidad colombiana del trabajador le otorgue automáticamente el derecho a litigar en Colombia. La solución depende de los vínculos reales de la relación contractual con el territorio nacional, de las reglas procesales y de las normas de derecho internacional privado.

En Europa, el Reglamento Roma I contempla que la elección de la legislación aplicable a un contrato de trabajo no puede privar al trabajador de determinadas protecciones imperativas que le corresponderían a falta de esta. Esta regulación permite comprender por qué un contrato internacional no necesariamente queda sometido de manera exclusiva a la legislación señalada por el empleador. Sin embargo, es importante precisar que el Reglamento Roma I establece principalmente reglas sobre la ley aplicable y no determina, por sí mismo, qué juez tiene competencia internacional. Esta última cuestión se resuelve mediante las disposiciones procesales correspondientes.

Colombia también ha desarrollado criterios importantes sobre esta materia. Una decisión especialmente relevante es la sentencia SL1392 de 2024 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, relacionada con un trabajador vinculado a una estructura empresarial internacional del grupo Baker Hughes. La controversia involucraba servicios prestados en distintos países y la continuidad de la relación laboral originada en Colombia. Uno de los principales temas que deben analizarse es el lugar efectivo de prestación de los servicios. Cuando un colombiano trabaja habitualmente desde Bogotá, Medellín o cualquier otra ciudad del país para una compañía extranjera, existe un vínculo territorial relevante que debe ser examinado. El artículo 2 del Código Sustantivo del Trabajo establece la aplicación de la legislación laboral en el territorio colombiano, mientras que el artículo 53 de la Constitución reconoce la primacía de la realidad sobre las formalidades. En estos casos, el juez debe valorar las circunstancias concretas de la contratación y no limitarse a la nacionalidad de la empresa o a la legislación señalada en el documento.

En definitiva, la globalización ha transformado la manera de contratar, pero no ha eliminado los límites jurídicos de la autonomía contractual. La pregunta relevante ya no es únicamente qué país aparece mencionado en el contrato, sino dónde se desarrolló realmente la relación, quién ejerció el poder de dirección, qué derechos se encuentran comprometidos y cuál es el juez legalmente habilitado para protegerlos. En el derecho laboral internacional, la firma de un contrato extranjero no cierra necesariamente las puertas de la justicia colombiana, pero abrirlas exige demostrar un fundamento jurídico concreto.