No fueron tres meses, van 29

Con el derecho que me da ser colombiana y el dolor que me generan miles de compatriotas obligados a convivir con la represión y el miedo; me uno al llamado de un país que pide parar, de una vez por todas, las oportunidades infinitas a unas guerrillas que, hace mucho, abandonaron sus ideologías −si es que alguna vez las tuvieron− para convertirse en meras agrupaciones narcoterroristas.

Con la impotencia que me produce asistir al fortalecimiento de la criminalidad y la pérdida de control territorial; me uno al llamado de millones de voces que reclaman al Gobierno Nacional trascender la indignación, los contundentes rechazos y los pedidos de sensatez a quienes no conocen ni desean conocer camino distinto al de las balas.

Mientras asesinan bebés de brazos, los maestros salen huyendo, se vuelven pan de cada día los confinamientos, obligan a la sociedad civil a escoger un bando y asistimos a nuevos desplazamientos masivos; desatinada, por decir lo menos, sigue siendo la respuesta estatal en manos de una administración que persiste en una estrategia de marcada inacción, que cuesta entender.

Hay obsesiones que se convierten en banderas políticas, pero aquello no puede obnubilar hasta cegar realidades. Es deber ineludible de un mandatario escuchar las demandas de su gente. Es responsabilidad inaplazable de un jefe de Estado, tomar decisiones contundentes ante fracasos que sobrepasan cualquier diagnóstico.

Human Rights Watch, HRW, en su Informe Mundial 2025, aterriza en cifras y datos lo que de sobra conocemos, porque lo padecemos:

• Que dos años y medio después de que Gustavo Petro asumiera la Presidencia, la violencia ha adoptado otras formas.
• Que los grupos armados han ampliado su presencia en varias zonas del territorio nacional, al punto que, actores ilegales como el Clan del Golfo, hoy, tienen incidencia en 392 municipios, el ELN en 232, y las disidencias Farc, en 299. Aumentos de 50%, 23 % y 30%, respectivamente, en comparación con 2022.
• Que la fuerza pública y el sistema judicial no han protegido de manera efectiva a la población, así como tampoco han logrado avances significativos en el desmantelamiento de dichos grupos armados.

Verdades inocultables exigen mano dura, rechazo unánime y toda la presión social posible de cara a las puertas abiertas que insiste en mantener el comisionado Otty Patiño junto a los tímidos reproches del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

Lo que estamos viviendo es una tragedia a cuentagotas anunciada. Una anarquía de fusiles que encontró en el narcotráfico un móvil sanguinario que secunda y avala la cifra más baja de incautación de cocaína de los últimos 10 años. ¿Contemplar el estado de conmoción interior por una crisis de seguridad que se pudo evitar? ¡Inconcebible!

Debería desvelar al Presidente el Catatumbo, Chocó, Guaviare y Cauca, tanto como lo desvela lo que ocurre en Gaza. Deberían importarle de igual manera sus muertos, sus desplazados, sus huérfanos y su imparable sufrimiento. No más mano tendida ni reacciones tardías. La paz total implosiona consecuencia de la ausencia de rigor y la carencia de metodología. Lo que no se logró en tres meses se desdibuja, aún más, de cara a los casi 20 que quedan.