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Con colaboración de Diego Fernando Agudelo López
El 2020 ha sido un año extremadamente desafiante para los inversionistas, caracterizado por altos niveles de volatilidad e incertidumbre. Muchos inversionistas fueron sorprendidos en dos ocasiones. Primero, las bolsas de valores se vieron afectadas por la repentina parálisis económica causada por la pandemia de covid-19. Segundo, pocos esperaban un estímulo monetario y fiscal sin precedentes que causaría un repunte tan fuerte, particularmente en las acciones de tecnología de gran capitalización en EE.UU.
Ahora, los inversionistas se enfrentan a un dilema de altas valoraciones en la renta variable y rendimientos bajos en las carteras tradicionales de renta fija. Además, todavía hay incertidumbres económicas y políticas en todo el mundo, y probablemente los mercados de valores seguirán muy volátiles.
Por lo tanto, es oportuno revisar la asignación de activos para incluir nuevas alternativas. Una de las áreas más atractivas es la financiación de litigios (“Litigation Finance”), donde un tercero proporciona recursos financieros para apoyar en una disputa legal, lo que permite que se lleven a cabo casos de litigio o arbitraje.
A cambio, si se gana el caso, el financiador recibe una parte acordada del producto del reclamo. Esta estrategia de inversión ofrece la posibilidad de obtener mayores rendimientos que no están correlacionados con los mercados de valores, lo cual es particularmente atractivo en tiempos de crisis.
La financiación de litigios tiene sus raíces en la antigüedad.
Los historiadores citan el ejemplo de Apolodoro, un rico hijo de un banquero ateniense, que compró una participación en un reclamo en la antigua Grecia. Sin embargo, la inversión en litigios se conocía comúnmente como la doctrina legal de “Champerty”, que durante mucho tiempo se consideró un tabú ilegal. Esto se debe principalmente a que los antiguos sistemas legales eran susceptibles de abuso por parte de hombres de estatus e influencia.
En los tiempos modernos, esto ya no es el caso en países desarrollados con fuertes estados de derecho. De hecho, si un reclamante con un caso meritorio carece de los recursos financieros para buscar justicia, la ley se convierte en un lujo, lo que sea probablemente una mayor injusticia. La financiación de litigios, en su forma moderna, se originó en Australia a mediados de la década de 1990, extendiéndose rápidamente al Reino Unido, los Estados Unidos y otras jurisdicciones.
Sin embargo, el marco legal y regulatorio permaneció relativamente opaco hasta hace muy poco. En el Reino Unido, por ejemplo, se ha reconocido ampliamente que la financiación de litigios promueve el acceso a la justicia al permitir la financiación por terceros, cuando nuevas reformas legales entraron en vigor el 1 de abril de 2013.
Los beneficios de la financiación de litigios son múltiples. Permite a las empresas e individuos más pequeños tener acceso a asesoría de mayor calidad contra contrapartes poderosas. También ayuda a liberar capital de trabajo durante el litigio. Al mismo tiempo, los retornos para los financiadores son muy atractivos.
En el Reino Unido, por ejemplo, los financiadores de litigios suelen encontrar casos en los que la compensación potencial es aproximadamente 10 veces superior a los costos legales. En promedio, existe una probabilidad de éxito de casi exactamente 50%, y los financiadores tienden a recibir alrededor de 25% a 35% del beneficio potencial más la recuperación de los costos legales si se gana el caso.
Por ejemplo, si un financiador financia 10 casos, con un costo de GBP 100.000 cada uno (por lo tanto, una inversión total de 1.000.000), un escenario razonable sería que recupere entre 1.750.000 y 2.250.000. Suponiendo una duración de dos a cuatro años, el rendimiento bruto anual esperado sería entre 15% y 50%.
A pesar de los atractivos retornos, el mercado de litigios sigue siendo ignorado por muchos inversionistas, dado su tamaño relativamente pequeño y su alta complejidad. No obstante, es de alto crecimiento.
En una encuesta realizada en 2019 a más de 500 profesionales financieros de EE. UU., Reino Unido y Canadá, realizada por la firma Burford Capital, tres cuartos informan que su compañía ha aumentado su uso de los servicios de financiamiento de litigios en los últimos dos años. Esto, junto con el creciente apetito de los inversionistas indica que el auge de los litigios está lejos de terminar.
Hay una serie de factores que los inversores deben tener en cuenta al seleccionar las mejores oportunidades. La jurisdicción y el marco legal son muy importantes. El mercado estadounidense tiende a ser más competitivo y con más desafíos regulatorios, que lo hace menos atractivo en comparación con el Reino Unido.
Además, los inversores deben centrarse en las oportunidades donde obtienen suficiente diversificación. Invertir solo en pocos casos puede ser arriesgado debido al resultado binario de los retornos. Los estudios estadísticos nos enseñan que solo las carteras con un número de casos suficientemente grande pueden conducir a una distribución normal del rendimiento, eliminando el riesgo binario.
Los gestores que se centran en reclamos menores tienden a estar más diversificados. Finalmente, los inversores deberían centrarse en gerentes especializados que ofrezcan acceso privilegiado a una gran cantidad de casos legales válidos con bajos riesgos crediticios, por ejemplo, reclamaciones contra grandes instituciones financieras o entidades cuasi gubernamentales. A menudo, ganar el caso es fácil, pero obtener los beneficios puede ser difícil de lograr si la contraparte está en dificultades financieras.
En tiempos económicos inciertos, es importante que los inversores puedan contar con asesores confiables para ampliar su alcance para invertir en nuevas alternativas. El financiamiento de litigios ofrece retornos verdaderamente no correlacionados que mejoran considerablemente los retornos ajustados por riesgo de las carteras tradicionales, proporcionando una nueva fuente de diversificación.
