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Colombia cuenta con abundantes recursos naturales, una posición geográfica privilegiada con acceso tanto al Pacífico como al Atlántico, una población creativa y con grandes aspiraciones educativas, así como un considerable potencial en energías renovables e industrias digitales.
Sin embargo, quienes observamos a Colombia desde el exterior seguimos haciéndonos una pregunta: ¿por qué estas fortalezas todavía no se han traducido plenamente en una mayor inversión productiva, empleos estables y una mejora sustancial de la calidad de vida de la población?
Esta pregunta no nace de una falta de confianza en las posibilidades de Colombia. Al contrario, precisamente porque creemos en ellas, queremos saber cuáles considera el nuevo gobierno que son las principales ventajas competitivas del país y mediante qué prioridades, etapas y mecanismos pretende convertirlas en resultados concretos.
No cabe esperar que el discurso de posesión contenga respuestas definitivas para todos los problemas. Pero sí sería deseable que el nuevo gobierno expusiera cómo interpreta los principales obstáculos que enfrenta el país, cuáles serán sus prioridades y qué hoja de ruta propone para transformar el potencial nacional en desarrollo tangible.
Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de la seguridad y el orden público. Enfrentar a los grupos armados ilegales, las organizaciones dedicadas al narcotráfico y las estructuras criminales vinculadas a la minería ilegal, así como recuperar el control efectivo del territorio, constituye una de las responsabilidades más elementales del Estado: proteger la vida y los bienes de sus ciudadanos. Sin seguridad, difícilmente podrán sostenerse la inversión, el desarrollo industrial y el progreso regional.
Pero la función del Estado no termina con el control de las organizaciones criminales. El transporte, la educación, la salud, la administración pública y la justicia deben llegar de manera estable a todos los territorios donde vive la población. La seguridad y la presencia efectiva del Estado deben avanzar conjuntamente para integrar el territorio y mejorar la vida de sus habitantes.
La infraestructura está directamente vinculada con la competitividad nacional y la calidad de vida. En particular, la construcción de sistemas ferroviarios ya no puede seguir aplazándose si se pretende aliviar los problemas del transporte público, reducir los elevados costos logísticos y conectar mejor las regiones con los centros productivos.
Sin embargo, el desarrollo de la infraestructura en Colombia no parece avanzar al ritmo que exigen las necesidades económicas y sociales del país. Numerosos proyectos estratégicos continúan demorándose durante las etapas de planificación, evaluación, licenciamiento, financiación, coordinación institucional, contratación y ejecución.
Por ello, no basta con revisar proyectos concretos o un determinado mecanismo de financiación. También es necesario evaluar si el sistema general mediante el cual Colombia planifica, decide y ejecuta sus grandes obras de infraestructura responde adecuadamente a las necesidades actuales. Conviene examinar si los procedimientos son excesivamente complejos, si las competencias y responsabilidades están demasiado dispersas o si los prolongados procesos de aprobación generan demoras innecesarias.
Colombia ha acumulado una experiencia considerable mediante la aplicación del modelo de Asociaciones Público-Privadas, APP, en proyectos viales. Sin embargo, el ferrocarril es mucho más complejo que una carretera, pues integra en un solo sistema la infraestructura, el material rodante, la señalización, la energía, la operación y el mantenimiento.
Por ello, convendría evaluar si resulta adecuado trasladar al sector ferroviario, sin las adaptaciones necesarias, los modelos y requisitos utilizados en los proyectos viales. También debería analizarse si unas condiciones de participación excesivamente restrictivas dificultan la entrada de empresas con capacidad técnica y financiera, reducen la competencia y limitan las alternativas tecnológicas. De ser así, podrían terminar perjudicando el interés nacional en términos de costos, plazos y calidad.
Los proyectos ferroviarios no deberían limitarse a la construcción de infraestructura. Su planificación y ejecución también tendrían que promover la transferencia de tecnología, la formación de especialistas, el fortalecimiento de las empresas colombianas y la consolidación de un ecosistema industrial propio.
El mundo avanza rápidamente hacia la era de la inteligencia artificial. La expansión de la IA, los centros de datos, la manufactura avanzada y la economía digital exige enormes cantidades de electricidad. Por ello, disponer de energía limpia, estable y competitiva ya no es solamente una cuestión ambiental, sino una condición que determinará el futuro industrial de las naciones.
Colombia posee abundantes recursos hidroeléctricos, solares y eólicos. Sin embargo, la existencia de estos recursos no garantiza por sí sola el desarrollo de una industria energética sólida ni la llegada automática de inversiones a gran escala.
¿Por qué este potencial todavía no se traduce en un mayor número de proyectos concretos e inversiones industriales? ¿El problema se encuentra en los procedimientos de licenciamiento, en la insuficiencia de las redes de transmisión y los sistemas de almacenamiento, en las dificultades de concertación con las comunidades o en la falta de continuidad de las políticas y de seguridad para la inversión? Sería importante conocer el diagnóstico del nuevo gobierno y saber qué obstáculos se propone resolver primero.
La generación, la transmisión y el almacenamiento de energía, la fabricación de equipos, los servicios tecnológicos y la formación de profesionales deben articularse dentro de un mismo ecosistema industrial. Una oferta suficiente y confiable de energía limpia permitiría atraer centros de datos e industrias avanzadas, generar empleo e ingresos fiscales y reinvertirlos en educación, innovación tecnológica e infraestructura regional.
En este proceso, la creatividad y la vocación educativa de los colombianos constituyen activos fundamentales. Los colombianos que he tenido la oportunidad de conocer poseen una notable capacidad para asimilar nuevas culturas y reinterpretarlas de manera original. También muestran un gran potencial para conectarse con los mercados internacionales en ámbitos como la música, el sector audiovisual, el diseño y los contenidos digitales.
Para convertir estas fortalezas en competitividad dentro de la economía digital y la inteligencia artificial, también será necesario revisar si la educación responde adecuadamente a las transformaciones de las industrias del futuro. Las escuelas y universidades no solo deberían enseñar programación y manejo de datos, sino también fortalecer la capacidad para resolver problemas, el pensamiento interdisciplinario, los idiomas, la colaboración internacional y la transformación de las ideas en propiedad intelectual y proyectos empresariales.
Las energías renovables, el ferrocarril, las industrias digitales y la educación no son desafíos independientes. La energía limpia debe respaldar las industrias avanzadas; la infraestructura ferroviaria y digital debe conectar las regiones con los mercados; y el talento formado debe generar nuevas tecnologías, empresas y contenidos. Todo ello debe integrarse en una sola estrategia de desarrollo nacional.
Lo que esperamos escuchar del nuevo gobierno no es una nueva enumeración de las posibilidades de Colombia. Queremos conocer con claridad qué está impidiendo su desarrollo, qué problemas serán atendidos primero y mediante qué secuencia y mecanismos se obtendrán resultados.
Las capacidades que aún falten pueden complementarse mediante la cooperación internacional. Sin embargo, las alianzas estratégicas no deberían reducirse a la captación de capital extranjero ni a la ejecución de proyectos aislados. El capital, la tecnología y la experiencia internacionales deben aprovecharse de manera que sus beneficios se traduzcan en empresas colombianas más sólidas, capacidades tecnológicas propias, empleos de calidad y mayores exportaciones.
Esperamos que el nuevo gobierno pueda decir con claridad cuáles son los principales problemas del país, cómo interpreta sus causas, qué prioridades establecerá y con qué hoja de ruta avanzará. También debería explicar cómo fortalecerá las capacidades nacionales y de qué manera aprovechará la cooperación con socios confiables para generar empresas, talento, empleo y exportaciones para Colombia.
El discurso de posesión del nuevo presidente no debería ser el último discurso de la campaña electoral, sino el primer discurso de gobierno.
Debería tender la mano no solo a quienes lo apoyaron, sino también a quienes eligieron otra opción, y articular la seguridad y el Estado de derecho, la infraestructura y la industria, la energía y el talento humano dentro de una sola estrategia nacional.
Queremos escuchar cómo el nuevo gobierno transformará el potencial de Colombia, mediante un diagnóstico acertado, decisiones claras, una hoja de ruta viable y alianzas estratégicas, en crecimiento real y en una vida mejor para todos los colombianos.
El régimen presidencial que se ha diseñado es fuerte. Por ese motivo, conviene limitar el tiempo de quien lo ejerce a cuatro años, sin posibilidad alguna de reelección. Es preferible disponer de instituciones fuertes a depender de líderes providenciales