Educación: el examen que espera al próximo gobierno

En medio del ruido electoral, los programas de gobierno hablan de educación. Pero el verdadero reto no está en las promesas, sino en la capacidad del próximo gobierno (Ejecutivo y Legislativo) para convertirlas en política de Estado.

En cada ciclo electoral colombiano ocurre algo previsible: los programas de gobierno incluyen capítulos sobre educación donde se multiplican las promesas de cobertura, calidad, tecnología y oportunidades para los jóvenes. Sin embargo, el verdadero desafío no está en la retórica programática, sino en la capacidad política e institucional para convertir esas promesas en decisiones de Estado sostenidas en el tiempo.

Los análisis que he ido realizando de varias propuestas de los aspirantes al gobierno revelan algo interesante. Más allá de las diferencias ideológicas, existe un consenso amplio sobre los grandes problemas del sistema educativo colombiano: la urgencia de fortalecer la primera infancia, mejorar la calidad de la educación básica, dignificar la profesión docente, conectar la formación con el empleo y garantizar el acceso a la educación superior. Ese consenso, sin embargo, no debería tranquilizarnos demasiado.

El próximo gobierno (Ejecutivo y Legislativo) enfrentará un sistema educativo lleno de tensiones estructurales. La primera es financiera. Las reformas educativas suelen anunciarse con entusiasmo, pero rara vez se acompañan de fuentes estables de financiación. En educación superior, por ejemplo, el debate sobre créditos, subsidios y sostenibilidad de los mecanismos de acceso sigue abierto, mientras las instituciones, como sistema mixto, enfrentan presiones crecientes de costos y expectativas sociales.

La segunda tensión es institucional. El sistema educativo colombiano está fragmentado en múltiples entidades, programas y niveles de gobierno que muchas veces operan sin coordinación efectiva. En áreas críticas como la primera infancia, la duplicidad de funciones entre entidades estatales ha dificultado la construcción de una política coherente y sostenida.

La tercera tensión es estructural y tiene que ver con el futuro productivo del país. Colombia sigue invirtiendo muy poco en ciencia, tecnología e innovación. Durante décadas, la educación ha sido concebida principalmente como un mecanismo de cobertura social, pero no como un motor de transformación económica. El resultado es un sistema que forma talento, pero que no siempre encuentra un ecosistema de innovación capaz de absorberlo. Este es, quizás, el punto más crítico para el próximo gobierno, en un mundo marcado por la inteligencia artificial, la automatización y la economía del conocimiento.

El problema es que esa conversación apenas comienza en Colombia. A ello se suma otro desafío silencioso, pero determinante: el cambio demográfico. Esto obliga a repensar los modelos educativos tradicionales y a avanzar hacia sistemas de aprendizaje a lo largo de la vida.

En este contexto, el próximo gobierno tendrá una responsabilidad decisiva. Las transformaciones necesarias, desde reformas institucionales hasta nuevos esquemas de financiación, requerirán cambios legislativos complejos. En este sentido, no basta con declaraciones programáticas, sino enfrentar una decisión estratégica: si la educación será tratada como una política sectorial más o como una verdadera política de Estado. La diferencia entre ambas visiones es enorme.

Colombia necesita una visión de país que entienda que la educación, la ciencia y la innovación son la base de su desarrollo futuro.