Sostenibilidad: el único futuro posible

En mi última columna reclamaba que las empresas evolucionen de la filantropía al compromiso para responder a las demandas de una sociedad que abraza la bandera de la sostenibilidad y de unos inversores que castigan a las compañías más contaminantes. Un compromiso, como vemos en la cumbre del clima de Glasgow, que también deben asumir los Estados para reforzar su competitividad.

Si bien la mayoría de los países tiene intención de reducir emisiones, el impacto real de sus políticas está lejos de los objetivos. Se necesitan hechos. Por ejemplo, la Unión Europea ha adoptado una legislación y sus Estados miembros han fijado indicadores vinculantes para sectores clave de la economía para alcanzar la neutralidad climática en 2050. Así, Europa ha hecho de la lucha contra el cambio climático una oportunidad para volver a ser competitiva en la economía mundial; conseguir crecimiento económico; crear empleo verde o impulsar el desarrollo tecnológico, sin poner en peligro la sostenibilidad.

Simultáneamente, la Unión Europa quiere ser la palanca de cambio para que esa actitud se extienda a otras regiones, pues junto con sus Estados miembros, es el mayor proveedor de financiación para la lucha contra el cambio climático del mundo. Ahí está el anuncio de España de aumentar en un 50% sus aportaciones al fondo del clima antes de 2025.

Tomemos nota. Latinoamérica, una de las zonas que más sufrirá los efectos adversos del cambio climático, debe acelerar para no perder el tren de la sostenibilidad. Es verdad que no todos los países llevan la misma velocidad. Chile es el más ambicioso: quiere alcanzar la neutralidad en 2040 y aumentar la producción de cobre en un 57% en 2050. Mientras, México hasta ahora no ha tenido el cambio climático como una prioridad de Estado, aunque esa situación cambiará si constituye una vía de acceso a financiación.

Por su parte, Brasil y Colombia tienen en la protección de Amazonía uno de sus mayores desafíos y acaban de suscribir un acuerdo global para acabar con la deforestación en 2030 gracias a la creación de un fondo público-privado de US$19.000 millones. Pero mientras que Brasil es el quinto mayor emisor de CO2 del mundo, y no aspira a conseguir las cero emisiones hasta 2060, Colombia, uno de los países con más biodiversidad del planeta, en 2022 declarará 30% de su territorio espacio protegido y plantará 180 millones de árboles.

Está claro que la descarbonización de las economías es un factor clave de competitividad entre Estados. A partir de ahí, seamos inteligentes. Si en la lucha contra la pandemia la colaboración público-privada ha sido clave, también debe serlo en la lucha contra el cambio climático. Las políticas y los objetivos los fijan los Estados, pero solo se podrán cumplir con la implicación y participación de las empresas. Hoy, la reputación se viste de verde y las compañías saben, según el Observatorio de Tendencias en RSC y Sostenibilidad en Iberoamérica de Ceapi, que el cambio climático será su principal problema en los próximos años.

La solución, una vez más, es que gobiernos y empresarios construyan una hoja de ruta conjunta sostenible que incluya estímulos, reformas estructurales y marcos legislativos adecuados que, además, son los requisitos para acceder a los fondos internacionales contra el cambio climático. La sostenibilidad no es una opción; es el único futuro posible para Estados, empresas y sociedad. En nuestras manos está que no sea una oportunidad perdida para Iberoamérica.