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La turbulencia financiera desatada por el coronavirus revive malos recuerdos de la crisis de Lehman una década atrás. Los síntomas de colapso del mercado y apretón en las condiciones crediticias son similares, pero los desafíos para la política pública tienen grandes diferencias.
La crisis de 2009 tuvo como epicentro un sector bancario sobre-extendido y sobre-apalancado, requiriendo capitalizaciones con dineros públicos. Todo el andamiaje regulatorio pos-crisis de Basilea III fue diseñado para restringir esos excesos bancarios, requiriendo mayor cantidad-calidad de capital y liquidez en el sistema.
El problema ahora es exactamente el opuesto: los bancos se están quedando cortos en llenar el vacío crediticio dejado por la mayor aversión al riesgo ante el colapso macro-financiero. He comentado en ocasiones anteriores cómo el desafío actual radica en lograr el puenteo financiero hacia hogares y firmas vulnerables, canalizando la liquidez provista por los bancos centrales. Ello implica que el sistema bancario debe ser parte integral de la solución, siendo además el conducto del grueso de auxilios públicos para la población vulnerable.
Buscando mayor irrigación crediticia, los supervisores financieros a nivel global han reducido los requerimientos de capital-bancario en cerca de US$500.000 millones durante las últimas semanas (en su mayoría liberando porciones de buffers contra-cíclicos, ver FT-2020). Si descontamos relaciones de apalancamiento en rangos normales, ello podría allegar nuevas colocaciones de cartera por US$5 billones.
Esa estrategia de preservación de capital para intermediación ha sido complementada con congelamientos en retornos de capital a inversionistas (vía dividendos o recompra de acciones).
Dicho relajamiento prudencial es condición necesaria, pero no suficiente para lograr el requerido puenteo financiero, dada la retracción crediticia natural ante mayores riesgos de impago. La solución a ese problema de última milla bancos-clientes ha tomado la forma de garantías públicas, buscando “compartir” el riesgo crediticio (ver Carstens-2020).
Colombia ha venido actuando diligentemente en esos frentes prudenciales y de garantías crediticias. En el primer caso, hemos comentado cómo lucen adecuados los relajamientos de provisiones contra-cíclicas y reperfilamiento de deudas sin marcación. En el segundo caso, cabe resaltar la recapitalización del FNG, ahora habilitando garantías hasta por el 80% del crédito.
Prospectivamente, valdría la pena explorar propuestas ventiladas por reputados exministros sobre titularizaciones con posterior compra por parte del Banrep, liberando balance bancario (aunque deberían lograrse mecanismos para mantener el due-dilligence crediticio). Por el contrario, lucen desenfocados los llamados a moratorias bancarias o a ignorar estudios de comités de crédito (debiéndose cuidar la colocación de los ahorros del público).
Enhorabuena, el sector bancario global (y el colombiano) entra a esta coyuntura de virus con adecuados niveles de capital, pero deberán estar alerta las autoridades para minimizar los contagios de las tensiones del sector real al financiero. Por ahora dicho contagio luce moderado, limitándose a probables golpes a utilidades bancarias (flujo) y no a expedientes de solvencia (balance-stock)… Aunque ello dependerá de la duración del choque actual.
