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Las últimas semanas han sido de álgido debate sobre el grado de transmisión de la política monetaria al canal crediticio en Colombia. Con razón, la opinión pública y los analistas nos obsesionamos con el detalle semanal del balance oferta-demanda de crédito y con el potencial de reducción en las tasas de interés activas, dadas las rebajas de 100 pbs en la repo del Banco de la República.
Ahora bien, debemos ser consecuentes (políticos-medios-economistas) en esas preocupaciones por la profundización financiera y el encarecimiento del crédito. No podemos pasar de agache con propuestas contraproducentes como la destrucción del historial crediticio de hogares-Pymes bajo la llamada Ley de Borrón y Cuenta Nueva (a un debate de convertirse en Ley). Es muy infortunado ver los demagogos de siempre aprovechar la actual coyuntura de virus para ganar réditos políticos a costa del bienestar general. El “viejo truco” de aprovechar el desconocimiento de temas técnicos por parte de la opinión pública (ver Blinder-2018).
Contrario a lo que se ha querido vender, destruir la información en las Centrales de Riesgo (CR) NO provee ningún alivio a los consumidores financieros… todo lo contrario… induce el encarecimiento generalizado del crédito y arriesga reversar los logros de inclusión financiera precisamente de los clientes de la base de la pirámide (hogares vulnerables).
Recordemos que la tarea de las CR es evitar problemas de selección adversa en el mercado de crédito bancario, buscando mantener las tasas de interés en niveles “razonablemente bajos” mediante la construcción del historial crediticio (actualmente con un 95% de información favorable de pagos-crediticios al día). En otras palabras, mediante ese mejor conocimiento del comportamiento de potenciales clientes, se evitan incrementos generalizados en las tasas de interés (al no tener las entidades financieras modo alguno de discernir entre “buenos” y “malos” deudores).
Tengamos algo claro: el insumo primordial del negocio financiero es la información. Menor información del cliente implica mayor riesgo… mayor riesgo redunda en mayor tasa de interés.
Incluso, clientes con algún impago en su historial se verán perjudicados. Ellos son los primeros interesados en mostrar la normalización de su comportamiento crediticio, redundando ello en menores tasas de interés en créditos futuros. Es interés del banco preservar la relación con el cliente, so pena del conocido expediente de recompra de cartera vía competencia (pues nada mejor para la entidad financiera que un buen cliente con track récord probado).
Lo más infortunado es que el grueso del daño lo sufrirá la población vulnerable, precisamente la que se aduce proteger (como usualmente ocurre con estas propuestas populistas). Muchos de esos individuos y MiPymes simplemente NO serán sujetos de crédito. A ellos los estaremos expulsando nuevamente de la formalidad bancaria, dejándolos presa de los peligrosos gota a gota, donde el cobro de intereses en el equivalente efectivo anual ronda 300% (vs. 30% de la usura-consumo).
En síntesis, es en estas épocas de crisis en las cuales los economistas debemos cerrar filas frente al populismo legislativo en múltiples frentes, pero particularmente en esta arista financiera. Para futuras discusiones… también se requiere mayor consecuencia en las correctas preocupaciones por la elevada informalidad vs. sus causas subyacentes de parafiscalidad-sobrecostos no salariales y brechas SML-medio y Productividad Laboral… No podemos quedarnos en la nebulosa de lugares comunes… “la requerida reforma laboral” …flexibilización…etc. Por espinoso que sea políticamente, hay que buscar la manera de ahondar en los logros de desmonte de sobrecostos no-salariales de la Ley 1607 de 2012.
